Por Lorenzo Taveras.
Economista y Politólogo
En la República Dominicana, el debate que ha abierto ANADEGAS sobre las comisiones de los verifones no es un asunto técnico menor, es en realidad, un problema de economía política que toca directamente la vida cotidiana de los ciudadanos y la estabilidad del sistema financiero.
El problema inmediato
Las estaciones de servicio pagan comisiones elevadas por cada transacción con tarjeta. Aunque formalmente son ellas quienes asumen el costo, en la práctica el consumidor lo paga sin saberlo, porque se reduce el margen de ganancia y se traslada indirectamente al precio del combustible.
El resultado: un gasto que no genera utilidad ni para el comercio ni para el usuario, y que erosiona la confianza en los medios de pago electrónicos.
El efecto dominó
El combustible es un bien de demanda inelástica: la población lo necesita para moverse y producir, sin importar el precio.
Si ANADEGAS decide retirar los verifones, el impacto no se limitaría a las estaciones. Supermercados, farmacias y restaurantes también podrían reclamar contra las comisiones abusivas.
Lo que hoy parece un conflicto sectorial puede convertirse en un movimiento multisectorial que desafíe al sistema financiero y obligue a una revisión integral de las tarifas.
El aumento de la inflación
La búsqueda constante de efectivo, sumada al traslado de costos al consumidor, presiona los precios.
El combustible es un insumo transversal: cualquier encarecimiento repercute en transporte, alimentos y servicios. En consecuencia, el retiro de verifones podría alimentar la inflación y golpear directamente el bolsillo de los ciudadanos.
El shock de liquidez
Las estaciones enfrentan otro problema: las transacciones con tarjeta no se acreditan de inmediato.
Esto limita su flujo de caja y genera un shock de liquidez que afecta su capacidad de operar diariamente. Menos liquidez en las estaciones significa más vulnerabilidad en la cadena de suministro y menor estabilidad en el sistema de pagos.
Propuesta de solución
La salida no está en la unilateralidad, sino en la regulación:
1. Tope a las comisiones: La Junta Monetaria debe establecer límites claros en sectores estratégicos como combustibles, alimentos y medicinas.
2. Agilización de pagos: Los bancos deben acreditar las transacciones en un plazo máximo de 24 horas.
3. Incentivos fiscales: El Estado puede otorgar deducciones a los comercios que mantengan medios electrónicos activos, como apoyo a la bancarización.
4. Alternativas digitales: Promover aplicaciones móviles y transferencias instantáneas con menores costos de transacción.
El silencio del sector financiero frente a este reclamo es preocupante. Lo que parece un problema técnico de comisiones es, en realidad, un tema de interés nacional.
Si no se regula, puede convertirse en un detonante de inflación, informalidad y crisis de movilidad. La economía política nos recuerda que detrás de cada tarifa y cada comisión hay un ciudadano que paga, muchas veces sin saberlo.
