SANTO DOMINGO.- A partir de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Sánchez Ramírez, impuso prisión preventiva por espacio de tres meses, como medida de coerción, contra un hombre arrestado en la Operación Jaguar puesta en marcha contra una red de narcotráfico, lavado de activos y sicariato vinculada al crimen transnacional.
La medida contra Yeyson Rojas Mosquea fue presentada por un equipo de fiscales, integrado por José Miguel Marmolejos, en representación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular Juana María Hernández, junto a los fiscales Francis Valerio, Tiburcio Antonio Gómez Vásquez y Rolando Vásquez, en representación de la Fiscalía de la provincia Sánchez Ramírez.
La jueza Dorka Altagracia Vásquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Sánchez Ramírez, impuso la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la Fortaleza Palo Hincado de esa provincia.
El documento explica que el Ministerio Público tiene abierta una investigación sobre una estructura criminal que opera entre República Dominicana y México, la cual se dedica al tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, sicariatos y otras actividades criminales.
Detalla que, como parte de las investigaciones, el primero de julio de 2025, el Ministerio Público, junto a la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), ejecutó una operación en contra de una célula del cartel mexicano de Sinaloa.
Dicha célula ordenó y pagó por el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (el Polin) y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (Gueilón), el 10 de febrero de 2025, en el sector Cocos, del municipio Cotuí.
Por este hecho son perseguido como principales sospechosos los mexicanos César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega, contra quienes las autoridades dominicanas mantienen una persecución activa con la colaboración de la Oficina Central Nacional de la Interpol en Santo Domingo y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos.
Los hechos criminales ocurridos en Cotuí, explica el Ministerio Público al tribunal, fueron ordenados y planificados por miembros del cartel de Sinaloa en complicidad con ciudadanos dominicanos, como parte de una acción dirigida a silenciar a personas relacionadas a la indicada organización criminal.
El Ministerio Público amplía las investigaciones contra los miembros de esta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, armas, sicariato internacional y lavado de activos para seguir con otros sometimientos judiciales dentro del marco de la operación.
