POR VIRGILIO ALMÁNZAR
Presidente de la CDDH
Pasar 20 años en prisión preventiva y luego ser descargado no solo está cerca de ser un récord; es, sobre todo, la confirmación de que el sistema de justicia dominicano atraviesa una profunda crisis.
Lo ocurrido con Chiquín Jiménez, en Dajabón, no puede calificarse de otra manera que como un abuso, un exceso, un atropello, una extralimitación y una arbitrariedad. Veinte años de su vida transcurrieron tras las rejas sin que el Estado pudiera demostrar su culpabilidad.
Todo indica que se trata de un ciudadano de origen humilde. Difícilmente una persona con poder económico habría permanecido dos décadas privada de libertad en las mismas circunstancias.
La realidad demuestra que el peso de la justicia no suele caer con la misma fuerza sobre quienes tienen recursos que sobre quienes carecen de ellos.
¿Qué clase de justicia es esta, que mantiene a un ser humano encerrado durante veinte años en cárceles que, en muchos casos, no son más que depósitos de personas, para luego decirle que era inocente?
Carlos Gardel inmortalizó la frase de que «20 años no es nada». Pero quien ha pasado aunque sea un par de días en una celda sabe que el tiempo allí no transcurre igual. Un día parece una eternidad; veinte años representan una vida entera.
La Magistratura y el Poder Judicial tienen la obligación moral e institucional de abrir una investigación para determinar las responsabilidades de quienes permitieron semejante atropello. Porque descargar a una persona después de veinte años de prisión no borra el daño causado.
Hay errores judiciales que no se reparan con una sentencia absolutoria. Se convierten en una condena permanente contra el propio sistema de justicia.
