SANTO DOMINGO.- El juez del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez denunció el proceso de contrarreforma que ha puesto en marcha el Consejo del Poder Judicial contra el proceso de modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, arriesgando la calificación registral, la certeza y la seguridad jurídica que debe imperar en el sistema inmobiliario registral.
Gómez Ramírez aseguró que “esta contrarreforma se expresa con meridiana claridad al ignorar las previsiones de la ley número 108-05, de Registro Inmobiliario, promulgada el 23 de marzo del 2005, al desconocer la competencia territorial y soberanía de los Registradores de Títulos, echando por la borda previsiones de la ley número 108-05, de Registro Inmobiliario, pretendiendo anular oficinas registrales, al margen del ordenamiento legal, privando con ello a los ciudadanos y entidades morales de un servicio calificado, directo y seguro”.
El exdirector nacional del Registro de Títulos y ex-presidente del Colegio de Abogados expresó que constituye “un ataque abierto al orden constitucional se materializa cuando el Consejo del Poder Judicial, arrogándose funciones legislativas, emite una resolución con la cual procura eliminar instituciones establecidas por ley, como lo es la Administración de Jurisdicción Inmobiliaria, prevista en el artículo 4 de la referida Ley No. 108-05, de
Registro Inmobiliario, instituyendo un organismo con características autónomas y reglamentarias, sin que exista, como se evidencia, fundamento legal alguno”.
En un documento suministrado a los medios, Gómez Ramírez, aseveró que está en ejecución “una abierta conspiración contra el Sistema Inmobiliario de la República, tipo Torrens, ya maltrecho con la incorporación de la firma electrónica de los Certificados de Títulos, eliminando la firma genuina, auténtica y material de los Registradores, responsables de calificar y despachar los expedientes registrales, arriesgando con ello la seguridad jurídica de la República Dominicana, dada la naturaleza singular del referido sistema inmobiliario”.
Así mismo, expresó su solidaridad con los pronunciamientos hechos recientemente por el magistrado Manuel R. Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien cuestionó con severidad las serias e inexplicables dificultades que confrontan los despachos y procesos de los Tribunales laborales de la República.
También denunció “la arbitrariedad y el ejercicio abusivo de las facultades del Consejo del Poder Judicial y de funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria se ha manifestado con descaro, con motivo de la cancelación de varios Registradores de Títulos que han honrado la función con un ejercicio honesto y recto durante decenas de años, apelando a una supuesta “conveniencia institucional”, pese a que, en algunos casos, han ingresado a la carrera administrativa y están bajo el amparo del artículo 145 de la Norma Suprema”.
Finalmente, aseguró: “queremos consignar que, con la aprobación de la Resolución 008-2020, de fecha 7 de julio de 2020, que aprueba el denominado Reglamento del Registro Inmobiliario, entidad creada en desconocimiento de la ley, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, procura crear un órgano autónomo, con características de ente descentralizado del Poder Judicial, con capacidad reglamentaria y financiera, texto que vulnera el principio de jerarquía de las normas y la Constitución Política del Estado”.
