La ministra lo acusa de haber difundido información falsa con la intención de dañar su honor, dignidad e imagen pública, utilizando medios como YouTube y redes sociales para hacer señalamientos sin fundamento.
Martínez amenazó con divulgar “videos íntimos” presuntamente inexistentes, lo que ha sido interpretado como un intento de chantaje y descrédito público a la funcionaria.
Raful presentó la querella amparada por la Ley 53‑07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología (artículos 21 y 22) y en el artículo 367 del Código Penal. Además, se constituyó en actor civil para reclamar RD$50 millones por daños morales y perjuicios.
Otras querellas contra Ángel Martínez
El juez Deiby Antonio Timoteo del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó una garantía económica de tres millones de pesos bajo contrato, así como impedimento de salida del país, para Ángel Martínez, en el marco de la querella por difamación presentada en su contra por la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
En otro caso, Sandra Eugenia de la Rosa lo acusa de haberla estafado y extorsionado con 300 000 dólares entre 2013 y 2020. Según la querella, Martínez se presentó como supuesto investigador de la CIA y el FBI, prometiéndole resolver casos legales.
Ella presuntamente efectuó alrededor de 80 depósitos en cuentas locales y en Estados Unidos, incluso a nombre del hijo de Martínez. Además, lo acusa de chantajearla con supuestas represalias si intentaba denunciarlo.
Los abogados de la presunta víctima solicitaron la intervención de la justicia dominicana y estadounidense, así como una indemnización adicional de un millón de dólares.
También el diputado del PRM, Sergio “Gory” Moya, presentó en 2020 una querella contra el comunicador Ángel Martínez por difamación e injuria, tras ser vinculado públicamente con el narcotráfico en el canal de YouTube “Detective Ángel”.
En mayo de 2025, tras levantarse una rebeldía a Martínez, el tribunal dictó la medida de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país a Martínez, obligándolo a comparecer ante la justicia. El caso está bajo la Ley 53‑07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento.
El periodista Vargavila Riverón, presentó formal querella contra el imputado y en actor civil reclama 10 millones de pesos por alegados daños y perjuicios a su persona.
En la jurisdicción de Santiago, el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte presentó una querella contra Martínez por difamación e injuria debido a un video en su canal de YouTube que lo vinculaba, sin pruebas, con actividades ilícitas y corrupción.
El tribunal dictó medidas de coerción: impedimento de salida, grillete electrónico y presentación periódica. Fuente: El Nuevo Diario
