SANTO DOMINGO.- Trece personas que permanecían detenidas por más de un mes sin haber sido presentadas ante un juez recuperaron su libertad luego de que un tribunal acogiera una acción de hábeas corpus interpuesta por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
Los favorecidos con la decisión estaban recluidos en dos destacamentos policiales de Santo Domingo Este: 11 en el Ensanche Felicidad y dos en el destacamento de Vietnam, en Los Mina.
La acción fue presentada por las defensoras públicas Edilenny Morel y Yuleidy Figuereo, tras comprobar que en ambos destacamentos había 16 personas privadas de libertad y que 13 de ellas permanecían detenidas desde hacía más de un mes sin haber sido sometidas al control de un juez.
Durante la inspección, la Defensa Pública también verificó que no existían solicitudes de medidas de coerción depositadas ante el tribunal correspondiente, lo que, según la institución, constituye una violación al debido proceso y al derecho fundamental a la libertad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó que, tras revisar sus registros, no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con los detenidos, por lo que no presentó oposición al recurso de hábeas corpus.
Tras analizar el caso, el tribunal ordenó la libertad inmediata de las 13 personas. Además, rechazó la solicitud de astreinte y dispuso la compensación de las costas del proceso.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, sostuvo que el caso evidencia la importancia de la vigilancia sobre las detenciones para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
«Ningún ciudadano puede permanecer privado de libertad sin ser sometido al control de un juez y sin que se respeten las garantías del debido proceso. La Defensa Pública continuará actuando con firmeza cada vez que se produzcan detenciones arbitrarias o cualquier actuación que vulnere los derechos consagrados en la Constitución y las leyes de la República Dominicana», expresó.
Valentín Santos agregó que la institución mantendrá la supervisión de las condiciones de detención en destacamentos y centros de privación de libertad para prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
