SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) ha emitido una circular en la cual exige a las entidades gubernamentales, a través de sus departamentos de Recursos Humanos, realizar un levantamiento de datos sobre el cumplimiento de pago de los servicios públicos de agua y energía eléctrica por parte de sus empleados. Esta medida, que surge mediante la circular 018031 firmada por el ministro Sigmund Freund, busca promover la responsabilidad ciudadana y fortalecer una cultura de civismo y compromiso entre los servidores públicos.
Freund señaló que la acción tiene como propósito conocer el perfil de consumo de los servidores públicos y fomentar el pago de servicios básicos, lo cual contribuye a la sostenibilidad de los mismos y refleja un compromiso ético y social. “Es fundamental que, como servidores públicos, cumplamos con nuestro deber constitucional de respetar las normativas vigentes y promovamos un comportamiento ejemplar”, afirmó Freund.
La circular especifica que en un plazo de 15 días laborables, las direcciones de Recursos Humanos de cada entidad deben confirmar si el empleado tiene contratos de agua y energía a su nombre y, de no ser así, especificar a nombre de qué familiar están y si estos cumplen con las obligaciones de pago. Asimismo, se instruye a los empleados a presentar sus facturas para llevar un registro preciso y facilitar la gestión administrativa.
La iniciativa del MAP también responde a la propuesta de Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), quien, en agosto, sugirió al presidente Luis Abinader un decreto que obligue a los empleados públicos a presentar sus facturas de energía. Marranzini planteó esta propuesta en el marco de un plan integral para modernizar y hacer más eficiente el sector de distribución eléctrica del país, compuesto por Edesur, Edenorte y Edeeste.
Esta disposición, dirigida a altos funcionarios, consultores jurídicos, y administradores de entidades del Poder Ejecutivo, representa un esfuerzo del Gobierno para liderar con el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, asegurando la continuidad y calidad de los servicios públicos básicos.
