SANTO DOMINGO.- Organizaciones que conforman la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (MENAMIRD), dijeron estar preocupadas y por ello dan un enérgico rechazo a los hechos ocurridos durante las últimas semanas en de los operativos migratorios desarrollados en el país.
Dice que reconocen el derecho soberano del Estado dominicano a definir y ejecutar su política migratoria, de controlar sus fronteras y regular la permanencia de personas extranjeras conforme a la Constitución y las leyes, pero expresan que están comprometido con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
«El control migratorio puede ejercerse, pero jamás mediante actos de humillación, violencia o tratos incompatibles con la dignidad inherente a toda persona, precisan en un documento entregado a los medios de prensa.
Agregan que los acontecimientos registrados durante las últimas semanas evidencian una situación que merece la atención urgente de toda la sociedad dominicana y de la comunidad internacional.
Reaccionaron con profunda indignación ante las imágenes ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales que muestran a un ciudadano haitiano esposado y trasladado sobre una motocicleta por dos agentes de la Dirección General de Migración en San Juan de la
Maguana, colocado de forma perpendicular sobre el vehículo, como si se tratara de una carga y no de un ser humano.
«Detrás de cada persona migrante existe un nombre, una familia, una historia, una vida y existe una dignidad que no desaparece por razón de la nacionalidad o del estatus migratorio, lamentablemente, este no constituye un hecho aislado», indican.
Apuhtan que durante el último mes se han conocido múltiples denuncias relacionadas con actuaciones ocurridas en distintas provincias del país, entre ellas Azua y Bávaro, donde se reportó públicamente el presunto uso de armas de fuego por parte de un miembro de un cuerpo militar durante una intervención migratoria; así como denuncias relacionadas con deportaciones de mujeres embarazadas, familias con niños y niñas, personas en condiciones de especial vulnerabilidad.
Recuerdan que la República Dominicana y Haití suscribieron el 2 de
diciembre de 1999 el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación, instrumento bilateral que establece principios y garantías mínimas para la ejecución de los procesos de devolución de nacionales haitianos.
Indican que ese Protocolo dispone que las repatriaciones deben realizarse en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohíbe las respeto de la dignidad humana, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohíbe las
expulsiones colectivas e indiscriminadas; establece la necesidad de una adecuada identificación de las personas sujetas a repatriación; dispone la coordinación entre las autoridades de ambos Estados; y contempla salvaguardas especiales para personas en condición de vulnerabilidad,
procurando que los procedimientos se desarrollen con respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, manifiestan que la Constitución reconoce la dignidad humana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho y garantiza el derecho a la integridad personal, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación.
Argumentan que la República Dominicana ha asumido obligaciones internacionales en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales que
obligan al Estado a proteger los derechos fundamentales de toda persona, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
En ese contexto solicitan al Gobierno y al Estado dominicano que:
Primero. La apertura inmediata de investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre todos los hechos denunciados durante los operativos migratorios.
Segundo. Que el Ministerio Público determine, conforme al debido proceso, las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que correspondan cuando se comprueben actuaciones contrarias a la ley.
Tercero. Que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, formación y control de los agentes responsables de ejecutar la política migratoria, garantizando el estricto cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Cuarto. Que se adopten medidas eficaces para prevenir la repetición de estos hechos y se garantice una protección reforzada a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, solicitantes de asilo y demás personas en condición de vulnerabilidad.
Hacen un llamado a las iglesias, universidades, gremios profesionales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales de derechos humanos, agencias del Sistema de las Naciones Unidas, organismos del Sistema Interamericano, de Derechos Humanos y al cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana para que mantengan un seguimiento cercano de esta situación.
