SANTO DOMINGO.- El empresario Antonio Espaillat, propietario de la desplomada discoteca Jet Set, donde murieron 232 personas, no puede realizar traspaso ni ningún tipo de movimientos de sus bienes, según un recurso de oposciones que le interpuso la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

Las disposiciones del Ministerio Público se tratan de “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades de Espaillat como parte de la investigación sobre la tragedia del centro de diversión.
Estas medidas de la Procuraduría General de la República obedecen a informaciones de que el empresario estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre, lo que parece ser una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, 232 muertos y más de 100 heridos, al desplomarse el techo de la discoteca Jet Set, durante unas fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también murió.
Las gestiones del Ministerio Público van en la dirección de imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Espaillat.
El empresario se puso a disposición de la Fiscalía del Distrito Nacional sobre las investigaciones sobre el colapso del Jet Set.

De acuerdo a informaciones, el MP quiere evitar que bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.La Procuraduría General de la República (PGR) habría iniciado una investigación tras recibir información de que el empresario Antonio Espaillat intentaba transferir bienes a su nombre, presuntamente para evadir responsabilidades con las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.
Según fuentes del Ministerio Público, la Dirección de Persecución, bajo la coordinación de Wilson Gómez, activó medidas cautelares contra Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de revisar otras propiedades vinculadas a Espaillat.
Para proteger los derechos de las víctimas y asegurar futuras indemnizaciones, el Ministerio Público presentó formalmente oposiciones a cualquier traspaso de bienes en proceso.
Asimismo, ordenó una auditoría exhaustiva de los registros corporativos de las empresas de Espaillat, las licencias de funcionamiento, las pólizas de seguro, las condiciones estructurales del local y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Aunque el empresario ha manifestado su plena disposición a colaborar y ha asegurado que sus empresas facilitarán toda la documentación requerida, la PGR mantiene un escrutinio riguroso de cada paso del procedimiento.
La tragedia ha desatado un intenso debate sobre la seguridad de los espacios de entretenimiento y la responsabilidad de sus propietarios.