SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona ratificar la sentencia que condena a penas de 10 y 15 años de prisión a varios integrantes de la red de tráfico ilícito de migrantes agravado desmantelada mediante la Operación Iguana.
El órgano acusador pedirá al tribunal de alzada rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmar en todas sus partes la sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Colegiado de Jimaní. Dicha decisión impuso 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en Jimaní, y al inspector Johan Rosario Castillo; así como 15 años de prisión a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. Además, la sentencia ordena el pago de una multa de 150 salarios mínimos a cada uno.
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, respectivamente, explicaron que la solicitud busca reafirmar la sanción a delitos graves que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, en especial mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La audiencia fue aplazada para el lunes 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, por disposición de los jueces Joselin Moreta (presidente), Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, debido a la incomparecencia de dos abogados de la defensa.
La Operación Iguana fue desarrollada por la PETT en 2022, con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales se desarticuló la red que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente RD$116,000, US$383, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
La investigación penal inició en diciembre de 2021, con la participación de la PETT y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo del Departamento de Investigación de la DGM, logrando pruebas que vinculan a los procesados con tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, entre otros hechos.
El expediente acusatorio establece que los imputados amenazaban y chantajeaban para obtener sobornos, privaban de libertad a las víctimas y las mantenían en cautiverio hasta recibir los pagos exigidos.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, la Ley 136-03 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 583 sobre Secuestro.
