SANTO DOMINGO.- Luego de haber completado un programa especializado y diseñado para su caso de parte del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, una niña secuestrada en México y trasladada a República Dominicana, fue retornada con su madre colombiana.
Su retorno al seno materno se produjo hace unos días luego de haber concluido con las diligencias requeridas para el proceso de investigación que se lleva en contra de Miguel Antonio Torres Hernández y/o Kevin León Wooden y/o Shaban Kuka, imputado del secuestro de la niña que retuvo ilegalmente en México y trajo al país con una falsa identidad.
El Ministerio Público recordó que Miguel Antonio Torres Hernández, arrestado con el apoyo de la OIPC-Interpol fruto de una Alerta Amber, cumple una coerción de tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-17) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
En el caso figura como coimputada Viviana Villarreal Cambero, quien participó activamente en el entramado ilegal para la retención y suplantación de identidad de la menor, y, además, figura actualmente como madre de la niña en documentos falsificados. Como coerción, el tribunal impuso a Villarreal Cambero una garantía económica de RD$800,000 mediante contrato, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Desde el 23 de julio de 2025, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a Torres Hernández y a Villarreal Cambero por violación al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (137-03) y el Código Penal dominicano.
La víctima, ahora de 4 años, fue separada violentamente en Guadalajara, Jalisco, México, de su madre biológica (de nacionalidad colombiana), cuando tenía 11 meses de edad.
El 23 de julio la madre de la niña fue recibida en las oficinas de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinnaf), junto a una delegación de la Interpol y del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional. Ese mismo día se empezaron los aprestos para el rescate de la menor.
En un allanamiento en la residencia de los imputados, en el sector de Bella Vista, los fiscales rescataron, con el apoyo de agentes policiales, a la niña, quien vivía junto a otros dos niños que también se pusieron bajo protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público gestionó la realización de una prueba de ADN a la infante y a su madre que arrojó un 99.9% de parentesco.
La Procuraduría General de la República dispuso que la niña entrara dentro del programa de víctimas y testigos protegidos, por su estado de extrema vulnerabilidad y la complejidad del proceso, hasta que pudo concluir con el retorno a Colombia junto a su madre, luego de regenerar el vínculo afectivo entre ambas.
El Ministerio Público agradeció la colaboración de la Interpol, así como de las autoridades de México y Colombia para lograr resolver el caso que pone de relieve la trascendencia de la cooperación internacional en materia de la lucha contra delitos transnacionales.
En el caso específico de la niña recordó que Torres Hernández fue pareja sentimental de la madre de la víctima y supuesto padre biológico de la niña, aunque no figura como tal en el registro de nacimiento de Colombia.
En un viaje familiar a México, la menor fue retenida ilegalmente por Torres Hernández, quien cambió la identidad de la niña y la trasladó a República Dominicana con documentos falsificados, suplantando su verdadera identidad y afectando su integridad y derechos fundamentales.
La madre denunció el secuestro ante la Policía de Guadalajara, en Jalisco, iniciándose una investigación que motivó la emisión de una orden de captura internacional contra Torres Hernández, así como la activación de la Alerta Amber.
