Por Julio Disla
A lo largo de su trayectoria política, Donald Trump ha operado con una lógica constante: tensionar al máximo el marco institucional hasta descubrir cuánto puede estirarse sin romperse formalmente.
No se trata de improvisaciones aisladas, sino de un método de gobierno. Un método que, como advirtió Michael Waldman, presidente y director ejecutivo del Brennan Center for Justice, ha puesto a prueba los límites de la Constitución, las normas democráticas y el propio equilibrio de poderes en Estados Unidos.
La advertencia no es retórica ni alarmista. Waldman lo expresó con claridad: hemos presenciado una toma de poder presidencial sin precedentes, una acumulación de atribuciones en el Ejecutivo que, aunque revestida de legalidad formal, distorsiona el espíritu del sistema constitucional. No se trata solo de “anomalías”, sino de una transformación peligrosa del modo en que se ejerce el poder.
Uno de los rasgos más inquietantes de la gestión de Trump ha sido el uso sistemático de Ordenes Ejecutivas como atajos para eludir controles institucionales. Estas órdenes no solo aceleran decisiones, sino que reconfiguran el rol de instituciones del Estado para funciones para las que no fueron concebidas.
El despliegue de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública y operativos migratorios internos es un ejemplo claro: fuerzas pensadas para emergencias extraordinarias o defensa territorial pasan a cumplir funciones policiales ordinarias, debilitando la frontera entre poder civil y fuerza armada.
A ello se suma el uso discrecional del lenguaje del “terrorismo”. La calificación de grupos —o incluso colectivos sociales— como “terroristas” mediante Orden Ejecutivas no es un gesto simbólico: abre la puerta a la suspensión de garantías, a la criminalización política y al uso excepcional del aparato represivo del Estado. Es una práctica que erosiona el principio de legalidad y normaliza la excepcionalidad como forma de gobierno.
El caso de la política migratoria ilustra con crudeza esta deriva.
El intento de retirar visas humanitarias y protecciones temporales a miles de migrantes recurriendo a maniobras jurídicas ante la Corte Suprema revela una lógica de poder que busca imponer hechos consumados antes de que opere el control judicial efectivo.
No es solo una disputa migratoria: es un precedente institucional. Cuando el Ejecutivo fuerza interpretaciones extremas de la ley para cumplir objetivos políticos inmediatos, el Estado de derecho se convierte en un obstáculo a sortear, no en un marco a respetar.
El problema de fondo no es únicamente Trump como individuo, sino el modelo que consolida. Un presidencialismo hipertrofiado, donde la voluntad del mandatario se impone sobre normas, tradiciones y contrapesos, deja cicatrices duraderas. Incluso cuando las decisiones son revertidas por tribunales, el daño ya está hecho: se naturaliza la idea de que el presidente puede —y debe— gobernar al borde de la legalidad.
Como advierte el Brennan Center, este tipo de prácticas no solo “rompen reglas”, sino que moldean la democracia estadounidense en una dirección peligrosa: una democracia formal, vaciada de controles reales, donde el Ejecutivo actúa primero y rinde cuentas después, si es que lo hace.
La historia enseña que las democracias no suelen caer de golpe, sino por acumulación de pequeñas rupturas normalizadas. En ese sentido, la gestión de Donald Trump representa algo más que una anomalía política: es un laboratorio de concentración de poder. Ignorar estas señales, minimizarlas como excentricidades personales o disputas partidarias, equivale a aceptar que el marco constitucional puede ser reescrito por la vía de los hechos.
La verdadera amenaza no reside solo en una presidencia, sino en la costumbre que deja: la de gobernar sin límites claros. Y cuando los límites se difuminan, la democracia deja de ser un sistema de reglas compartidas para convertirse en una disputa permanente por quién estira más la cuerda del poder.
