SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados, al considerar que la medida de coerción se mantiene legal, constitucional y debidamente fundamentada.
Además de Santiago Hazim, seguirán en las Parras con prisión preventiva Ramón Alan Speakler Mateo, Francisco Iván Minaya, Rafael Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina y Germán Rafael Robles.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal rechazara los recursos de apelación presentados por las defensas, al concluir que no han variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva.
Tras conocerse éste miércoles la revisión obligatoria de la medida de coerción, el magistrado Deiby Timoteo Peguero, tras verificar la insuficiencia de presupuestos, y el padecimiento de enfermedades como esclerosis múltiple y tuberculosis latente no activa, ordenó la continuación de la prisión preventiva. Al concluir la audiencia, el director del Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que los imputados en el caso Senasa deben obtener en su momento condenas ejemplares.
Al término de la audiencia, el procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que los jueces determinaron que la medida sigue siendo necesaria para garantizar el desarrollo del proceso judicial.
«El tribunal ha decidido mantener las medidas de coerción de todos los imputados sobre la base de que las razones que dieron lugar a su imposición no han cambiado. Además, ha establecido que la prisión preventiva es la medida de coerción necesaria, idónea y proporcional para estos imputados», expresó Camacho.
El representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados deben permanecer privados de libertad mientras avanza el proceso y afirmó que espera que, al concluir el juicio, se dicten «sentencias ejemplares» por el presunto daño ocasionado al sistema de salud dominicano.
Consultado sobre una posible nueva fase de la investigación, identificada por algunos comunicadores como «Senasa 2.0», Camacho evitó ofrecer detalles y respondió únicamente: «Seguimos aquí».
El proceso forma parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción administrativa relacionados con la gestión del Seguro Nacional de Salud (Senasa), mientras continúa la presentación de pruebas y el conocimiento del expediente en los tribunales.
En tanto que Miguel Surun Hernández, abogado de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, valoró como positiva la ratificación de medidas contra los imputados.
