SANTO DOMINGO. El coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, destacó que la estrategia de lucha contra la corrupción implementada en República Dominicana se ha convertido en un referente para otros países, cuyos representantes se acercan para conocer y recibir asesoría sobre los mecanismos de recuperación de activos desarrollados por el país.
“Cuando se instaura como política pública —que ha sido esa gran decisión que ha tomado el presidente Luis Abinader con el establecimiento del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público—, tú tocas el aspecto más sensible y el que más motiva los actos de corrupción. ¿Por qué? Porque ya corres el riesgo de no solamente perder aquello por lo que hiciste el acto de corrupción (que es para ese enriquecimiento), sino que vienen también esas sanciones civiles e indemnizaciones que pueden poner en riesgo tu patrimonio anterior a ese acto”, resaltó Henríquez durante el Foro de Contrataciones Públicas 2026.
Durante el panel “Rol de los organismos de control en la prevención de la corrupción”, en el que también participaron el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director financiero de la Unidad de Antifraude de la Contraloría, Henríquez destacó la experiencia que ha compartido junto a Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en distintos foros internacionales.
“Yo he sido testigo en varias ocasiones en que me ha correspondido con el director Carlos Pimentel intercambiar en foros internacionales y ver —como decía el presidente— antes tenían que venir a asesorarnos a nosotros, y hoy por hoy en esos foros internacionales hacen fila para que nosotros les demos asesoría y les enseñemos y les mostremos lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Eso la historia lo va a juzgar y lo va a poner en su justa dimensión”, enfatizó.
Durante su intervención, Henríquez sostuvo que la recuperación del patrimonio público ataca directamente el propósito de los actos de corrupción, al impedir que quienes incurran en estas prácticas puedan conservar los beneficios obtenidos de manera ilícita.
Consideró que, si el Poder Judicial incorpora la recuperación de activos en sus decisiones como complemento de las penas privativas de libertad, esta medida se convertiría en un elemento esencial para combatir la corrupción, erradicar la impunidad y evitar que quienes incurran en estos actos obtengan algún tipo de recompensa.
Al reconocer que persisten retos para hacer efectiva la recuperación de los recursos sustraídos del erario, Henríquez destacó los avances alcanzados mediante la articulación interinstitucional y el fortalecimiento del ordenamiento jurídico.
“Existe el reto superlativo de poder cambiar también la percepción del Poder Judicial de que los actos de corrupción son unos delitos de lesa humanidad. Son delitos graves que ameritan tener respuestas y sanciones que se correspondan con el daño que hacen, y que se cree esa cultura de independencia del Poder Judicial que no mantenga ese deseo de no condenar porque tal vez a quien estoy condenando mañana yo le deba o le tenga que pedir un favor”, puntualizó.
