El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 27 de agosto la revisión de la medida de coerción al mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y demás imputados en la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Coral.
La suspensión de la audiencia se produjo a solicitud de las partes que consideraron que, por la magnitud del caso, necesitaban que la magistrada Keila Pérez estuviera en el tribunal de manera presencial y no virtual, como ocurrió en la audiencia de este martes.
La jueza ha estado conociendo las audiencias a su cargo de manera mixta, con una parte virtual y la otra presencial, debido a recomendaciones médicas hasta tanto se aplique la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta jueza tiene una condición de salud que podría complicarse si se contagia con el virus.
Ministerio Público
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), asegura que en el trascurso de las investigaciones han encontrado nuevas evidencias que ha agravado la situación de los imputados. Por lo que mantienen la posición de que debe mantenerse la medida de coerción a todos los imputados.
En tanto que Héctor López Rodríguez, abogado de la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, dijo que el Ministerio Público no ha realizado ninguna diligencia procesal luego de la medida de coerción, por lo tanto, entiende no existe la posibilidad de que los imputados puedan entorpecer las pesquisas.
Adelantó que está en busca de que a sus defendidos se les varíe la prisión preventiva por una medida menos grave.
Rossy Guzmán forma parte de los implicados en el expediente del entramado de corrupción del Caso Coral, que encabeza el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), y del que también son parte el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Además, el hijo de la religiosa, Tanner Flete Guzmán.
Están acusados de los manejos fraudulentos en el Cusep y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y la fundación Madre Tierra, Único Real State, además de otras instituciones que se confabularon para desfalcar al Estado.
Fuente: Diario Libre.
