Por Lorenzo Taveras
Economista/Politólogo
En medio de la crisis fiscal que atraviesa la República Dominicana, el gobierno ha planteado una reforma tributaria que busca estabilizar las finanzas públicas y sostener los servicios básicos.
Este debate no puede entenderse únicamente desde la técnica económica; es, sobre todo, un asunto de economía política.
Stephen Holmes y Cass Sunstein, en su obra El costo de los derechos, recuerdan una verdad incómoda: “las libertades privadas tienen costos públicos”.
Los derechos —educación, salud, seguridad, propiedad— no existen en abstracto; requieren inversión, instituciones y recursos colectivos. Sin impuestos, los derechos se convierten en meras declaraciones sin fuerza real.
La República Dominicana enfrenta un dilema clásico de la economía política: ¿cómo distribuir los costos de garantizar derechos en una sociedad marcada por desigualdad y concentración de riqueza?.
La reforma fiscal es, en esencia, una disputa sobre quién paga y quién se beneficia.
Si los nuevos impuestos se perciben como una carga desproporcionada sobre los sectores medios y populares, la reforma perderá legitimidad. Si, en cambio, se traducen en mejoras visibles en educación, salud y seguridad, se fortalecerá el pacto social.
Holmes y Sunstein advierten que el gasto público revela qué derechos se protegen y a quién favorecen. En nuestro país, la pregunta es si la reforma fiscal servirá para ampliar derechos colectivos o si reproducirá privilegios.
La economía política nos enseña que las decisiones fiscales nunca son neutrales: reflejan correlaciones de poder, intereses de grupos y prioridades de gobierno.
La crisis actual nos obliga a abandonar la ilusión de que los derechos son gratuitos o absolutos. Exigirlos significa distribuir recursos, y esa distribución debe ser democrática y transparente.
La reforma fiscal es, por tanto, más que un ajuste técnico: es una prueba de nuestra madurez institucional y de nuestra capacidad de construir un Estado que garantice derechos reales para todos.
En definitiva, la libertad en República Dominicana depende de los impuestos. La cuestión central es si estamos dispuestos, como sociedad, a sostener colectivamente los derechos que decimos valorar.
