SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader y el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, rechazaron la solicitud del experto en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, William O´Neill para que se detengan las repatriaciones de nacionales haitianos.
«Que actúen con responsabilidad como debieron de actuar, ya que, si están tan preocupados por los Derechos Humanos, deben estarlo por todos los problemas que están sufriendo los ciudadanos pobres de Haití en Haití, a quienes se les afectan sus Derechos Humanos todos los días allí», expresó el jefe del Estado.
Abinader fue enfático en señalar que la irresponsabilidad de los que no han actuado, en alusión a los organismos internacionales, no se le puede pedir que la asuma la República Dominicana.
«La política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos», al advertir que las deportaciones continuarán, pese a la postura que tengan los organismos internacionales en el tema, porque están amparadas en la Constitución.
El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante un comunicado, calificó de «desproporcionada e irrazonable» esa solicitud basada según el proponente en el estado de inseguridad que vive esa nación porque es pretender que los dominicanos carguen con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos.
Señaló que la migración haitiana ha sido masiva en los últimos años y que solo en el 2022 fueron repatriados 120,900 extranjeros irregulares.
«Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional», indica el comunicado de Cancillería.
Sostiene que la crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional en apoyo a la Policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital.
Según los datos de Cancillería, en los últimos tres años, el país promedia más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. Agrega que el costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano. Recordó que estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de «manera fehaciente» el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Indica que, en 2018, el 12.5 % de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas.
Que no inciten migración irregular
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo.
«Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país. Reconocemos el interés de todos los actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana», concluye.
