SANTO DOMINGO.– Un grupo de ciudadanos afectados por una millonaria estafa, presuntamente cometida por Enmanuel Rivera Ledesma a través de las empresas IndisArq y Equipos Pesados SRL, se manifestó este lunes frente a la mansión incautada por la Procuraduría General de la República, denunciando irregularidades en el manejo del caso.
Los denunciantes, quienes afirman haber sido defraudados por más de 17 millones de dólares (equivalente a más de mil millones de pesos dominicanos), expresaron su indignación al ver que la lujosa residencia, valorada en 1.2 millones de dólares, está siendo utilizada como domicilio bajo arresto domiciliario por una de las principales imputadas en el caso, Escarlet Cruz, junto con otros familiares.
“Nos indigna ser humillados al ver que este inmueble incautado es utilizado para el resguardo de una de las imputadas, cuando debería ser parte de la restitución a las víctimas”, expresaron los afectados, quienes aseguraron que esta residencia, junto con otras propiedades confiscadas, debería pasar a manos de las 323 familias afectadas.
Los manifestantes también denunciaron que, además de la mansión, la Procuraduría ha incautado apartamentos, torres de apartamentos, solares, automóviles de lujo, camiones, palas mecánicas, retroexcavadoras, relojes y prendas de alto valor, los cuales representan el patrimonio ilícito obtenido a través del fraude. Sin embargo, cuestionaron que estas propiedades aún no hayan sido utilizadas para resarcir los daños sufridos por los estafados.
Críticas al proceso judicial
Las víctimas criticaron duramente el manejo judicial del caso, afirmando que se han celebrado más de 30 audiencias sin una solución definitiva, lo que, a su juicio, evidencia una falta de voluntad para hacer justicia. Expresaron su preocupación de que el proceso pueda estar siendo influenciado por relaciones políticas o económicas de los acusados.
También denunciaron que Enmanuel Rivera Ledesma tiene antecedentes penales por estafa, habiendo cumplido prisión en 2012 por un caso similar. “Este caso debe convertirse en un referente de justicia en la República Dominicana. No queremos impunidad, queremos justicia real”, enfatizaron.
Llamado a la Procuraduría General de la República
El grupo de afectados hizo un llamado directo a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, exhortándola a tomar el control del caso y garantizar que se haga justicia sin dilaciones. “Le pedimos que haga historia, que se case con la gloria y que no permita que este caso siga empantanado en la burocracia y la impunidad”, afirmaron.
Finalmente, los manifestantes advirtieron que no desmayarán en su lucha y llevarán el caso hasta las últimas consecuencias. Exigieron que los bienes incautados sean utilizados para compensar a las víctimas y reiteraron su compromiso de continuar con sus reclamos hasta obtener una resolución justa.
Este caso sigue generando gran expectativa en la opinión pública, en medio de un creciente clamor por el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad en el país.
