SANTO DOMINGO.- El proyecto de reforma fiscal que someterá el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional contempla que los trabajadores realicen cada año una declaración jurada, cuando su salario supere los 52,027 pesos mensuales, además propone eliminar incentivos al turismo, cine y zonas francas
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ochi Vicente, ministro de Hacienda, fue el funcionario que presentó el proyecto de ley denominado «Modificación Fiscal» durante LA Semanal con la Prensa de este lunes siete de octubre.
Conforme al proyecto, esa obligatoriedad será para los empleados que devenguen un salario mensual superior a los 52,027 pesos, cuya sumatoria es superior a 624,329 pesos.
«Se establece la obligación de presentar la declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia, excepto para aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos no excedan los RD$624,329 anuales», refiere el punto en el proyecto de reforma.
El dato está contenido en la propuesta 3.4 del eje 4, que versa sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a Personas Físicas.
Con ese punto se busca aumentar la tributación de parte de las personas físicas, debido a que «es una de las más bajas de la región».
«En los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) las recaudaciones de las personas físicas representan el 24 % del total de todos los impuestos, en nuestro país apenas solo alcanzan un 10 % del total, es decir, menos de la mitad», planteó el ministro Vicente.
En la actualidad, solo están obligados a realizar declaraciones juradas de patrimonios los funcionarios y las personas que ocupan cargos de elección popular. Esto está establecido en la Ley 311-14.
El proyecto de reforma tributaria será depositado en el Congreso Nacional este martes, conforme dijo el ministro de Hacienda.
Gobierno propone eliminar incentivos al turismo, cine y zonas francas
El ministro Jochi Vicente, presentó hoy una serie de ajustes como parte de la propuesta de Ley de Modernización Fiscal, en la que se destaca la eliminación o modificación de incentivos fiscales que habían estado en vigor por décadas para diversos sectores de la economía.
Durante la presentación en LA Semanal con la Prensa, Vicente subrayó que muchas de estas exenciones, creadas inicialmente para apoyar a sectores emergentes, han dejado de ser necesarias y, en algunos casos, han generado distorsiones económicas.
Desde el Palacio Nacional, Vicente explicó que los incentivos fiscales fueron diseñados para ayudar a las empresas a establecerse o compensar ciertos costos iniciales mientras alcanzaban rentabilidad, por un periodo determinado.
«No podemos seguir dándonos el lujo de perder la recaudación de los sectores más pudientes»
consideró José Manuel -Jochi- Vicente, ministro de Hacienda
Incentivos obsoletos que proponen eliminar
«Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo», anunció Vicente en representación del gobierno.
Asimismo, señaló que el Bono Itbis y ciertas exenciones para fideicomisos orientados a proyectos de vivienda de bajo costo serán mantenidos por su importancia en el desarrollo de ese segmento de viviendas, el cual es un eje estratégico gobierno.
«Es extremadamente difícil justificar la permanencia de una ley para un sector determinado por plazos mayores a 10 o 15 años», señaló el ministro, haciendo referencia a leyes como la de Confotur (2001), de Cine (2010) y de Desarrollo Fronterizo (2001).
El análisis realizado por el gobierno determinó que muchos de estos incentivos han cumplido su objetivo y, por lo tanto, ya no es necesario mantenerlos. «Algunos incentivos no tienen necesidad de ser mantenidos y otros serán ajustados», afirmó Vicente.
Gobierno propone eliminar incentivos al turismo, cine y zonas francas
Sobre los incentivos a las zonas francas experimentarán modificaciones. Las empresas operadoras de parques de zonas francas, que actúan principalmente como arrendadoras de inmuebles, verán restringidos sus beneficios fiscales, dijo Vicente.
Por otro lado, explicó que las empresas de zonas francas que vendan al mercado local podrán optar entre presentar una declaración jurada sobre los beneficios de dichas ventas o pagar un 5 % en concepto de presunción del impuesto sobre la renta. «Este esquema también aplicará para las empresas logísticas», dijo.
Cambios en la Ley de Desarrollo Fronterizo
La Ley de Desarrollo Fronterizo será modificada para asegurar que solo se beneficien de sus incentivos aquellos proyectos que representen una inversión mínima de 5 millones de dólares y que mantengan una nómina de al menos 100 empleados permanentes en la región fronteriza, anunció Vicente.
Con este ajuste, el gobierno busca evitar el mal uso de estos incentivos y garantizar que las inversiones en las zonas fronterizas tengan un impacto real en la generación de empleo, de acuerdo con lo detallado por el ministro de Hacienda.
Otro ajuste importante que mencionó el funcionario fue la limitación de la exención sobre impuestos a combustibles fósiles. Esta exoneración solo aplicará a las empresas que vendan energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que busca racionalizar el uso de este tipo de incentivos y fomentar el uso de energías más limpias.
El ministro concluyó su presentación destacando que todos los sectores de la economía deben contribuir de manera equitativa a las finanzas públicas.
«No podemos seguir dándonos el lujo de perder la recaudación de los sectores más pudientes», afirmó Vicente, insistiendo en que esta reforma es crucial para garantizar unas cuentas fiscales sanas y una distribución justa de los recursos del Estado.
Protección social; el segundo, abarca el programa de inversión pública y gastos priorizados; el tercero, establece reglas claras e iguales para todos y persecución de la evasión, y el cuarto, propone la simplificación tributaria.
ISR a personas con ingresos superiores a RD$2.4 millones al año
El ministro de Hacienda, José Manuel –Jochi– Vicente, informó este lunes que el proyecto de reforma fiscal contempla añadir un nuevo tramo a la escala de ingresos de las personas físicas para los trabajadores con ingresos mayores a 2.4 millones de pesos anuales y se establece una tasa marginal de un 27% para esta nueva escala.
s decir, que todos los asalariados que perciban recursos por encima de los 200,000 pesos mensuales deberán pagar Impuesto sobre la Renta (ISR). «Con esto se igualan las tasas de impuesto sobre la renta de las empresas a las de las personas físicas de mayor ingreso», aclaró Vicente a la prensa.
«Es importante mencionar que esta medida impacta solo al 1 % del total de asalariados, que son los que se encuentran en los niveles más altos de ingresos», agregó el funcionario durante LA Semanal con la prensa.
Vicente subrayó que uno de los grandes problemas de la estructura actual del sistema tributario de República Dominicana, es la baja contribución de las personas físicas a la recaudación total en el país. «Esto se debe a diversas exenciones que limitan la capacidad del Estado para gravar a quienes poseen mayores ingresos», afirmó.
Otro aspecto clave que destacó es la diferencia entre la tasa de impuesto para los tramos de altos de ingresos de personas físicas y la tasa corporativa. «La tasa menor para personas físicas ha permitido que algunos dueños de empresas utilicen mecanismos de planificación fiscal para reducir sus pagos de impuestos», agregó.
Asimismo, detalló que todas las rentas percibidas por las personas físicas se consolidarán para fines de declaración jurada, excepto aquellas que se mantendrán como pagos únicos y definitivos, tales como los dividendos provenientes de personas jurídicas que operen en el régimen ordinario.
Mencionó que la falta de obligación de presentar una declaración jurada para asalariados, independientemente de su nivel de ingresos, ha facilitado la evasión fiscal. «Estos elementos han resultado en que las recaudaciones provenientes de las personas físicas sean de las más bajas de la región», puntualizó.
El funcionario dijo que las recaudaciones de personas físicas en la República Dominicana representan solo un 10 % del total de las recaudaciones nacionales.
