Santo Domingo.- El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y su titular, ingeniero Eduardo Estrella, fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por presunto desacato al incumplir sentencias definitivas que ordenan el pago de derechos adquiridos e incentivos de rendimiento individual a favor de servidores públicos de carrera.
Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos y abogado de los servidores de carrera, dijo que el MOPC fue formalmente notificado de dos sentencias definitivas emitidas por el TSA, las cuales ordena el pago de derechos adquiridos, incentivos de rendimiento individual, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas a favor de los servidores públicos Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero.
“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC responda a lo que han establecido estas sentencias, pero la intolerancia del Ministro de Obras Públicas y su equipo, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para reivindicar el derecho de estas laboriosas personas”, explicó Batía.
Afirmó que “las decisiones judiciales adquirieron carácter definitivo luego de que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certifica, en ambos casos, la inexistencia de recursos de casación contra las sentencias, agotándose además las vías ordinarias de impugnación tras declararse improcedentes los recursos de revisión interpuestos”, reiteró Batía.
En cumplimiento de las formalidades legales, las sentencias definitivas, las certificaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia y los correspondientes mandamientos de pago fueron notificados mediante actos de alguacil al ministro de Obras Públicas, Rafael Eduardo Estrella Virella, iniciando así la fase de ejecución de las decisiones judiciales.
En el caso de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez, la Primera Sala del TSA acogió parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el MOPC y ordenó el pago de RD$731,380.39, correspondiente a incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y 70 días de vacaciones acumuladas, conforme a la Ley 41-08 sobre Función Pública.
La sentencia excluyó de responsabilidad personal al entonces ministro de Obras Públicas y a la exdirectora de Recursos Humanos, al establecer que la obligación de pago corresponde exclusivamente al Ministerio como institución.
Asimismo, impuso una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión una vez vencido el plazo legal y realizada su notificación. la multa comenzó a correr exactamente el 1 de diciembre de 2025, el monto acumulado al 23 de junio de 2026 sería RD$1,025,000.
En tanto, la Quinta Sala del TSA acogió parcialmente el recurso presentado por Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero, ordenando al Ministerio revisar el reajuste salarial reclamado y pagar RD$346,362.19, por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y el equivalente a sesenta días de vacaciones acumuladas.
En esta decisión, el tribunal rechazó la responsabilidad patrimonial y las condenas personales solicitadas contra los funcionarios demandados, declarando igualmente el proceso libre de costas.
Ambas sentencias ordenan que el monto total a pagar por el TSA asciende a RD$1,077,742.58, sin incluir las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento, como la multa coercitiva establecida en el caso de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez.
De manera paralela, la documentación judicial indica que el TSA fijó para el 28 de julio de 2026 la audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial presentada por Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez contra el MOPC y su actual titular, proceso independiente de las sentencias que ya se encuentran en fase de ejecución.
La acción judicial sostiene que la falta de ejecución de los fallos ha provocado perjuicios económicos a los demandantes y solicita que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado por el alegado incumplimiento de decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
