SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República realizó, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la capacitación “Uso ético y con perspectiva de género de la Inteligencia Artificial en la función judicial”, dirigida a integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La formación fue impartida por especialistas del Observatorio de Datos con Perspectiva de Género (DataGénero) en el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), en el marco del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, fase III (FEDACC III), implementado por GIZ. El proyecto contempla acciones de acompañamiento técnico a instituciones del sector justicia y de fortalecimiento del acceso a la justicia para poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En un proceso formativo, desarrollado con el apoyo de la Cooperación Alemana y con perspectiva de género, reunió a integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial
La procuradora general de corte de apelación Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, destacó la importancia de que los actores del sistema de justicia conozcan tanto las oportunidades que ofrecen estas tecnologías como las responsabilidades y desafíos que implica su utilización, particularmente cuando se trabaja con información sensible y con casos que afectan directamente los derechos de las personas.
“La inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca debemos perder de vista que el criterio jurídico, la responsabilidad institucional y el componente humano deben estar siempre presentes en las decisiones que tomamos”, expresó Villa Camacho.
La capacitación surgió de las coordinaciones entre el Ministerio Público y la cooperación alemana en torno al uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia y a la necesidad de promover criterios que permitan aprovechar estas herramientas de manera ética y responsable, con especial atención a la perspectiva de género, la transparencia, la protección de datos y los derechos humanos.
Durante la jornada fueron abordados temas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia, las diferencias entre la IA tradicional y la IA generativa, la importancia de los datos, los principios éticos y los criterios para evaluar posibles impactos y sesgos en los modelos algorítmicos.
El programa incluyó, además, mecanismos de supervisión humana, auditoría y rendición de cuentas, así como medidas de seguridad, protección de datos, explicabilidad, anonimización y uso responsable de información judicial.
Villa Camacho señaló que estos conocimientos adquieren una relevancia particular para quienes intervienen en la prevención, investigación y persecución de la violencia de género y los delitos sexuales, debido a la responsabilidad que tienen las instituciones de ofrecer respuestas oportunas y respetuosas de los derechos de las víctimas.
En ese sentido, sostuvo que la innovación tecnológica puede convertirse en una aliada para reducir desigualdades, fortalecer la respuesta institucional y garantizar una atención más justa y centrada en las personas, siempre que quienes la utilizan cuenten con los conocimientos y criterios necesarios para hacerlo de manera adecuada.
La apertura de la actividad contó también con la participación de Andreas Forer, director del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe, fase III, y de Martha C. Díaz, presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género agradeció a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y a DataGénero por facilitar este espacio de formación e intercambio entre representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La actividad forma parte de las acciones de FEDACC III, iniciativa regional que trabaja con instituciones de República Dominicana, El Salvador, Honduras y Guatemala para contribuir al fortalecimiento de las estructuras del Estado de derecho. En materia de inteligencia artificial, el proceso incluye un diagnóstico regional orientado a conocer cómo se están utilizando estas herramientas y cuáles son las principales necesidades y desafíos que enfrentan las instituciones del sistema de justicia.
