SANTO DOMINGO-. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratificó la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las empresas Inversiones Qtek, S.R.L. y Mediterráneo Investments Group, S.R.L., medida dispuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
La decisión está contenida en la sentencia núm. 0030-01-2026-SSMC-00002, emitida el 16 de enero de 2026, mediante la cual la presidencia del TSA rechazó la solicitud de medida cautelar anticipada presentada por ambas empresas y confirmó la validez de la suspensión preventiva de sus registros.
La suspensión fue ordenada por la DGCP en noviembre de 2025, a partir de una solicitud del Ministerio Público, que mantiene abierta una investigación penal relacionada con las referidas sociedades.
En las motivaciones de la sentencia, el juez presidente del TSA, Diomede Y. Villalona G., estableció que la DGCP actuó dentro de las facultades que le otorga la legislación como órgano rector del sistema de contrataciones públicas.
El tribunal determinó que la medida está sustentada en los artículos 14 de la Ley 340-06 y 19 de su reglamento, establecido mediante el Decreto 416-23, y consideró que busca proteger la integridad del sistema de compras públicas.
En ese sentido, el juez concluyó que las empresas demandantes no demostraron la denominada “apariencia de buen derecho”, requisito necesario para que procediera la suspensión del acto administrativo impugnado.
No afecta contratos ya adjudicados
El TSA también rechazó los argumentos relacionados con un supuesto peligro por la demora en el proceso, al considerar que la suspensión del RPE no genera consecuencias económicas irreparables en esta etapa.
La sentencia establece que la suspensión constituye una inhabilitación temporal para participar en futuras adjudicaciones, pero no impide la ejecución ni el pago de contratos que hayan sido adjudicados previamente.
“En consecuencia, las instituciones contratantes deben honrar los compromisos de las obras o servicios entregados, permitiendo a las empresas mantener el flujo de sus operaciones preexistentes sin interrupciones injustificadas”, establece la decisión.
La DGCP informó que la suspensión se mantendrá mientras continúen las investigaciones del Ministerio Público y hasta que se produzca una decisión sobre el recurso contencioso principal.
El órgano rector de las contrataciones públicas consideró que la decisión constituye un precedente que prioriza la transparencia y la protección del interés público dentro del sistema de compras estatales.
