SAN CRISTÓBAL. — Un juez de San Cristóbal impuso prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, señalado por el Ministerio Público como principal imputado en un caso de presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado contra 13 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en un establecimiento de Bajos de Haina que, según la acusación, operaba bajo la apariencia de una fundación y un espacio religioso.
La medida fue dictada por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, luego de que el Ministerio Público presentara las evidencias con las que sustentó su solicitud.
Capellán, identificado también como “el Pastor” o “Capellán”, deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
En tanto, el tribunal impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica e impedimento de salida del país a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien figura como otro de los imputados.
Rescate de 13 menores
La investigación comenzó luego de que uno de los menores que permanecían en el lugar escapara y llegara hasta un destacamento policial, donde alertó a las autoridades sobre las condiciones en que se encontraban los niños, niñas y adolescentes.
A partir de esa denuncia se inició una investigación que llevó a las autoridades a solicitar órdenes judiciales para arrestar a los imputados.
Entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
Durante el operativo fueron rescatados 13 menores, con edades entre cuatro meses y 13 años. De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, los niños presentaban signos de presunto maltrato físico y psicológico.
El establecimiento funcionaba en el interior de una finca y, según la acusación, utilizaba como fachada las actividades de una fundación y un espacio religioso.
Investigación continúa
El operativo fue realizado por la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
También participaron organismos de protección de la niñez, entre ellos la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
La solicitud de coerción fue presentada por la titular de la PETT, Yoanna Bejarán; la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Los menores están representados en el proceso por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
El caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias en que los menores permanecían en el establecimiento y determinar las responsabilidades individuales que correspondan.
