SANTO DOMINGO.-El Gobierno depositó este miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que transforma el marco de regulación sanitaria en el país, prohibiendo la entrega de incentivos, prebendas o beneficios a los médicos a cambio de que ellos receten, dispensen o promuevan medicamentos específicos.
La pieza legislativa tipifica esta práctica como una “infracción muy grave” y establece un drástico régimen de consecuencias que incluye multas de hasta 400 salarios mínimos, la cancelación de registros sanitarios y la clausura definitiva de establecimientos.
La propuesta legislativa fue depositada por las autoridades de Digemaps y por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
El proyecto de ley aborda las relaciones comerciales entre empresas farmacéuticas y el personal médico, catalogando como una infracción muy grave el ofrecimiento o entrega de cualquier tipo de incentivo o beneficio a profesionales con facultad de recetar o comprar medicamentos.
Para sancionar las violaciones a la ley, la propuesta establece multas:
* Infracciones leves: Multas de 1 a 20 salarios mínimos por incumplimientos documentales o retrasos subsanables.
* Infracciones graves: Multas de 21 a 100 salarios mínimos por operar con permisos vencidos, la venta ambulante de medicamentos o la omisión de datos en etiquetados.
* Infracciones muy graves: Multas de 101 a 400 salarios mínimos.
Dentro del rango de faltas muy graves se sanciona la elaboración, importación o venta de medicamentos falsificados o subestándar, la falsificación de documentos, la agresión a inspectores y las prebendas a médicos.
También, las autoridades de Digemaps podrán aplicar medidas como la inmovilización de mercancías, la suspensión o cancelación del registro sanitario y la clausura temporal o definitiva del comercio que incumpla las normas.
La normativa presentada a los diputados faculta a la Digemaps a monitorear y controlar los productos regulados que se promocionen en plataformas electrónicas, redes sociales y canales digitales.
Mediante acto administrativo motivado, la institución tendrá la atribución de exigir el retiro, cese o suspensión inmediata de publicaciones o anuncios en entornos digitales que violen las normas de salud pública.
El texto transforma la naturaleza jurídica de la Digemaps, haciéndola ahora una entidad pública descentralizada, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica, operativa y presupuestaria, adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En la actualidad, la Digemaps funciona como una institución bajo la sombrilla del Ministerio de Salud Pública y sin autonomía.
