Santo Domingo.- La Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositaron una querella con constitución en actor civil en la Procuraduría General de la República(PGR), donde solicitan la paralización de la destrucción del área protegida mediante una medida cautelar del proyecto Manzanillo Gas & Power y su reubicación fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa de Manzanillo, provincia Montecristi.
Las organizaciones también solicitan al juez de instrucción que conozca la querella, que procese al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez en calidad de coautor, omisor y promotor de la instalación en el área protegida de las dos plantas privadas de generación eléctrica de 860 megavatios a base de gas natural licuado.
En este sentido, las entidades, solicitan una condena de 10 años de prisión para el actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y medida de coerción real de 50 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos, como garantía de la restauración de la destrucción de 575 mil metros cuadrados de la vegetación que existía en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa de Manzanillo.
También reclaman el pago de los daños y perjuicios causados a las víctimas, como son los recolectores de crustáceos y pescadores.
Denunciaron que a pesar de que la ley prohíbe la construcción de este tipo de estructuras en las áreas protegidas y en sus zonas de amortiguamiento, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez las autorizó, estando a 55 metros por un lado y a 119 metros por el otro, del corazón de la mayor concentración de manglares del Caribe insular.
Dijeron que este proyecto con una inversión de más de mil 750 millones de dólares, extinguirá los manglares por efecto tanto de las emisiones aéreas, del vertido de aguas residuales, del tránsito terrestre como por consecuencia del recalentamiento del agua de la Bahía Manzanillo que provocará el buque de regasificación fondeado frente a los manglares.
Añadieron que a estos efectos habrá que sumar los impactos de los barcos que llegarán a alimentar de combustible al buque regasificador.
También denunciaron que están rellenando humedales y lagunas para construir el puerto y el gasoducto de este proyecto. Este sistema de cuerpos de aguas costero marino que cubre una gran parte de Manzanillo y al otro lado de la frontera con Haití, está protegido por el convenio internacional Ramsar que fuera adoptado en 1971 y que entró en vigor en 1975.
Bases legales de la querella
Las organizaciones sostienen que la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, la Ley de Áreas Protegidas 202-04 y la Resolución 0010/2028 que norma el manejo de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, establecen con toda claridad la prohibición de cualquier actividad industrial en el área protegida en sí y en su zona de amortiguamiento que abarca por lo menos 300 metros lineales a partir del lindero del área protegida.
Tipificaron este proyecto de crimen ambiental según el artículo 80 literal g de la Ley 307-04 sobre pesca y acuicultura castigado con hasta diez años de prisión.
Citan en apoyo a la querella a los artículos 16, 66, 67 y 75 numeral 11 de la Constitución de la República, el artículo 49 de la Ley 42-01 General de Salud, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 51, 52, 119 y 120 del Código Procesal Penal Dominicano, y los artículos 1382 y 1383 del Código Civil Dominicano.
Dice el BID
Las organizaciones manifestaron que durante la discusión que sostuvieron con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y con el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID, MICI, sobre este proyecto, esta entidad crediticia multilateral admitió que el Proyecto Energía Manzanillo está ubicado en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Sin embargo, el BID alegó que las autoridades dominicanas fueron las que determinaron la ubicación del proyecto, manifestando que querían que se construyera allí y no en otro lugar, condicionando el proyecto a esta ubicación.
Igualmente, frente a las incriminaciones de las organizaciones de que el BID había incumplido su compromiso de impulsar en el país las energías renovables en sustitución del carbón y otros fósiles, la entidad crediticia alegó que fue el Gobierno dominicano que impuso que el proyecto fuera a gas natural licuado.
