LA ALTAGRACIA.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia dictó tres meses de prisión contra dos hombres acusados de intentar llevar 36 personas ilegalmente a Puerto Rico, apresados por militares de la Dirección de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada de República Dominicana (ARD) por violar la Ley
Miguel Mejía Acosta y Odelin Alberto Ramírez deberán cumplir la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya del municipio de Higüey.
Además fuer detenido, y sometido a la justicia por los mismos cargos, Kelvin Enrique Bonilla.
Con estos tres, suman 141 los Organizadores y Capitanes de viajes ilegales sometidos a la acción de la justicia en los últimos 23 meses, lo que representa una lucha frontal y efectiva en contra de las organizaciones o grupos que se dedican a esta actividad castigada por la ley 137-03, que tanto luto le ha generado a la familia Dominicana.
Ministerio Público indicó que ambos son acusados de violar la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano tras establecerse su vinculación a esa actividad criminal en el marco de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de La Altagracia con la asistencia de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana.
El órgano persecutor de los delitos hizo constar en la instancia con la solicitud de medidas de coerción que alrededor de la 1:30 de la madrugada del pasado 1 de julio los imputados fueron arrestados por miembros de la Armada de la República Dominicana, luego de ser sorprendidos en flagrante delito en alta mar cuando transportaban ilegalmente al grupo hacia Puerto Rico en una embarcación clandestina que fue interceptada aproximadamente a 8 millas náuticas frente a la costa marítima de Cabo Engaño, provincia La Altagracia.
Según indicó el MP que durante la travesía mientras el imputado Miguel Mejía Acosta conducía la embarcación era asistido por el imputado Odelin Alberto Ramírez, quien de acuerdo a las investigaciones jugó un papel de cómplice, estableciéndose que le daba órdenes a cada uno de los tripulantes de cómo debían comportarse dentro de la embarcación, además de que le indicaba con frecuencia que debían mantenerse sentados y de la misma manera verificaba los garrafones de combustible de la embarcación para garantizar que siempre estuvieran llenos.
Explicó que el viaje partió el pasado lunes 29 de junio, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, desde una playa de Boca de Yuma en esta localidad, y que cuando se encontraban navegando en dirección hacia Puerto Rico fueron detectados por una avioneta y posteriormente interceptada la embarcación.
El Ministerio Público señaló que de cada una de las entrevistas realizadas a los tripulantes y las investigaciones del caso se determinó que para fines del viaje ilegal a cada persona le fue requerida y se comprometieron a pagar sumas de hasta US$5,000.00 dólares, así como un abono por adelantado por montos entre los RD$35,000.00 y RD$65,000.00.
En un comunicado de prensa el Ministerio Público indicó que ambos son acusados de violar las disposiciones de los artículos 1 (letra f), 2 y 7 (letra c), de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano tras establecerse su vinculación a esa actividad criminal en el marco de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de La Altagracia con la asistencia de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana.
La nota destaca que en los últimos tres meses el Ministerio Público ha obtenido medidas de coerción contra 26 personas que han sido sometidas a la justicia por su vinculación a viajes ilegales hacia Puerto Rico, de éstas, logrando contra 24 la imposición de prisión preventiva, mientras que a dos de ellos le impusieron medidas cautelares consistentes en el pago cada uno de garantía económica de RD$20 mil y presentación periódica ante el Ministerio Público.
