SANTO DOMINGO.- El presidente de la República comenzó a dar señales de cuáles son las estrategias de Gobierno con las que buscará “enfrentar la corrupción del pasado” y cerrar las puertas para que no ocurra en el presente en su administración.
En un acto celebrado en el Palacio Nacional en compañía del contralor general de la República, Luis Rafael Delgado Sánchez, y la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, el presidente Luis Abinader anunció el inicio de las auditorías a la administración del expresidente Danilo Medina, para así saber en qué condiciones encontraron el Estado e hizo de conocimiento público la circular de comportamiento que deben obligatoriamente cumplir los funcionarios del Gobierno.
Debido a la gran cantidad de instituciones que integran el Estado, los ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas y otros que manejan grandes presupuestos, serán las primeras en ser auditadas por la Contraloría General o firmas auditoras privadas que serán contratadas mediante licitación, para lo cual el primer mandatario garantizó que se tendrá el presupuesto necesario para cumplir con la disposición.
“Para el control de los recursos del Gobierno debe haber disponibles recursos”, enfatizó el presidente Abinader al destacar que en su administración “se va a aplicar la ley”, precisó el mandatario.
El jefe del Estado advirtió que en los casos en donde se determine que hubo actos de corrupción o actos ilegales sancionados penalmente por las leyes, se procederá a someter a la justicia a través de la Procuraduría General de la República, órgano que reiteró es independiente de disposiciones políticas.
“Hay muchas instituciones públicas que están incumpliendo la ley y lo que nosotros debemos y nuestro deber es cumplir estrictamente la ley. Y si alguno de esas personas cometieron actos de corrupción o ilegales, serán sometidos a la acción de la justicia con una procuraduría que ustedes saben que es totalmente independiente a las disposiciones políticas”, refirió Abinader al preguntarle sobre las más de seis mil personas que tienen más de un empleo en la Administración Pública, según se ha denunciado.
Abinader explicó, además, que las auditorías no serán realizadas por la Cámara de Cuentas, debido a que la Contraloría, como órgano de control interno tiene la responsabilidad primero y luego la Cámara deberá confirmar, rechazar o modificar lo que haya hecho.
“La Contraloría es el organismo interno del Gobierno y tiene que hacer, incluso, primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas. O sea, que está perfectamente bajo la ley hacer las auditorías del Gobierno y tiene que hacer primero una auditoría y después hacerlo la Cámara de Cuentas”, expresó el mandatario.
Prohíbe recibir regalos
La directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, junto al presidente advirtieron a todos los funcionarios del Estado que no tolerarán actos de corrupción ni soborno en la administración pública.
Al establecer que de manera obligatoria todo empleado o servidor público: de libre nombramiento y remoción, carrera, estatuto simplificado y temporales, debe cumplir con lo establecido en el artículo 48 de la ley de Función Pública.
“Quiero resaltar que está estrictamente prohibido aceptar regalos, ya sea efectivo o en naturaleza a todos los funcionarios públicos: de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañía. Eso está estrictamente prohibido”, puntualizó.
Auditorías no son para persecusión
El presidente Abinader informó que las auditorías que iniciará la Contraloría General de la República en las instituciones públicas servirán para determinar el mérito de las denuncias de corrupción del pasado gobierno.
Al ser cuestionado sobre la denuncia del director de Presupuesto, José Rijo Presbot, de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó pagos por 21,500 millones de pesos sin estar presupuestados, Abinader respondió que la importancia de las auditorías será para determinar si esos expedientes tienen o no méritos para ser llevados ante la justicia.
El mandatario agregó que dichas auditorías serán remitidas a la Cámara de Cuentas, la cual se encargará de verificar, confirmar o rechazar.
De su lado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, precisó que no es tarea del Ejecutivo llevar a cabo la investigación con fines judiciales, ya que no se ha determinado que la denuncia de Rijo Presbot justifique por el momento iniciar una acción judicial.
“En el momento en que la Contraloría practique una auditoría a una institución del Estado lo que está es precisamente ejerciendo la función que la ley determina”, indicó Peralta.
Contralor
El contralor general, Luis Delgado, dijo que sustentados en el artículo 8 de la Ley 10-07, se auditará la gestión del pasado gobierno en todas las instituciones públicas, “porque es preciso saber qué han recibido las actuales autoridades”.
Añadió que para la realización de las auditorías se utilizará todo el personal especializado de la institución, así como firmas privadas, que serán contratadas por licitación pública. Aclaró que las auditorías no deben verse como una persecución contra nadie, pues es una norma establecida en el artículo 28 de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.
Suspenderá a los que no entreguen declaración juradas
El presidente Luis Abinader advirtió que el funcionario que no entregue el 15 de septiembre su declaración jurada de bienes será suspendido y de no hacerlo en las tres semanas siguientes será destituido.
“La declaración jurada de bienes debe entregarse el 15 de septiembre, si algún funcionario no lo hace estará suspendido hasta que la entregue. Si acaso en tres semanas posteriores no entrega su declaración entonces estará destituido de manera definitiva”, advirtió Abinader.
Ortiz Bosch emite circular sobre ética
Deberes. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, anunció la emisión de una circular con el propósito de orientar la conducta de los servidores públicos.
Aseguró que todos tienen un compromiso con la transparencia y con la honestidad para hacer bien las cosas para esta y las futuras generaciones.
Dicha circular está sustentada en lo que dispone el artículo 80 de la ley 41-08, de función pública, concerniente a los deberes y prohibiciones a los cuales están sujetos todos los servidores públicos.
En tal sentido, el presidente Luis Abinader advirtió que está estrictamente prohibido a los funcionarios públicos aceptar regalos, ya sea en efectivo o en naturaleza, ni tampoco tolerarán actos de corrupción.
