SANTO DOMINGO.- El empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, rompió el silencio por primera vez tras la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, cuando el techo del icónico centro de diversión colapsó durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, dejando un saldo de 232 muertos y más de 180 heridos.
En una entrevista concedida a la periodista Edith Febles en el programa El Día, transmitido por Telesistema, canal 11, Espaillat manifestó su consternación y aseguró que él mismo es la primera persona que quiere saber qué fue lo que pasó aquella noche.
“De casualidad estaba en ese viaje, si no, yo hubiera estado ahí. Yo todos los lunes estaba en mi silla, compartiendo con todos los clientes”, expresó con evidente pesar.
El empresario relató que su ausencia fue un hecho excepcional, ya que solo faltaba a la discoteca cuando no se encontraba en el país. “La última vez que estuve fue dos lunes antes del 8 de abril. Si yo no estaba, mi hermana siempre estaba y si ella no estaba, yo sí”, agregó.
La tragedia del Jet Set, ocurrida en plena fiesta, no solo cobró la vida del artista Rubby Pérez, sino también la de figuras públicas como la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz. El país permanece en estado de conmoción, con seis días de duelo nacional decretados por el presidente Luis Abinader.
Espaillat, visiblemente afectado, pidió disculpas públicas el mismo día del siniestro a través de un video. “No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos”, afirmó.
El 15 de abril, se puso formalmente a disposición de la justicia para colaborar con la investigación encabezada por la Procuraduría General de la República, bajo responsabilidad de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía del Distrito Nacional. Se estima que el análisis forense del colapso tomará alrededor de tres meses.
Sin embargo, el 19 de abril la Procuraduría adoptó medidas legales tras informaciones que señalaban que Espaillat estaría realizando transferencias de bienes a su nombre, acción que el Ministerio Público interpretó como un intento de evadir responsabilidades civiles ante las demandas presentadas por las víctimas y sus familiares. Hasta el momento, se han registrado al menos cuatro querellas formales, muchas de las cuales incluyen solicitudes de indemnización.
El caso continúa generando un profundo debate sobre la responsabilidad empresarial, la seguridad en espacios de entretenimiento y la necesidad de una supervisión más rigurosa en infraestructuras públicas.
