SANTO DOMINGO. – La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la gestión de Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación (MINERD) no detectó irregularidades durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2020 y el 3 de agosto de 2022.
El examen abarcó procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, movimientos de recursos financieros, adquisición de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas de la institución.
De acuerdo con las conclusiones del informe, las situaciones identificadas corresponden a observaciones y oportunidades de mejora en aspectos administrativos, documentales, contables, procedimentales y de control interno.
La auditoría tuvo como marco un período marcado por la pandemia del COVID-19, durante el cual el sistema educativo tuvo que adoptar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la docencia y atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias.
El informe también señala que las circunstancias generadas por la pandemia y las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas afectaron o pudieron afectar determinados procesos administrativos y de ejecución, incluidos algunos vinculados con proyectos de infraestructura educativa.
Recomendaciones para fortalecer controles
Aunque no estableció irregularidades en la gestión evaluada, la Cámara de Cuentas formuló recomendaciones dirigidas a fortalecer los mecanismos de selección y contratación, el manejo y resguardo de documentos, los controles administrativos y de inventario, así como otros procesos internos del Ministerio de Educación.
La documentación examinada durante la investigación también recoge medidas adoptadas durante la gestión de Fulcar para corregir algunas debilidades que, según el informe, ya existían en la institución.
En materia de clasificación contable y presupuestaria, una situación relacionada con la clasificación de gastos fue identificada y posteriormente corregida mediante un acto administrativo del 5 de marzo de 2022. Además, el Ministerio gestionó acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la que suscribió un convenio de colaboración.
En los inventarios también fueron implementadas acciones para mejorar el control, organización, validación y actualización de los registros.
Mientras que en los expedientes del personal se identificaron debilidades preexistentes y se iniciaron procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar la documentación, además de establecer controles para las nuevas designaciones.
Contratos tecnológicos
Uno de los aspectos examinados estuvo relacionado con contratos para la adquisición de dispositivos tecnológicos.
Algunos de estos contratos fueron rescindidos debido al incumplimiento de los adjudicatarios. Según la documentación citada en el informe, determinadas actuaciones relacionadas con la ejecución de garantías correspondieron a una administración posterior al período auditado.
La investigación concluye el 3 de agosto de 2022, por lo que las actuaciones realizadas después de esa fecha quedan fuera del período evaluado y no pueden atribuirse a la administración encabezada por Fulcar.
El exministro destacó precisamente la delimitación temporal establecida por la investigación.
“Las medidas que correspondía implementar durante nuestra administración fueron identificadas y puestas en marcha. Si posteriormente algunas de ellas no tuvieron continuidad, esa responsabilidad corresponde a las administraciones posteriores y no a la gestión auditada”, sostuvo Fulcar.
Fulcar valora el resultado
Tras conocerse el resultado de la investigación, el exministro consideró que el informe permite evaluar su administración a partir de documentos y evidencias correspondientes al período auditado.
“Una auditoría seria permite identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o perfeccionarse. Eso forma parte de la responsabilidad de una buena gestión pública”, afirmó.
Fulcar sostuvo que la administración enfrentó uno de los períodos más complejos para el sistema educativo debido a la pandemia, pero aseguró que procuró mantener los controles y procesos administrativos en funcionamiento.
“La pandemia no podía convertirse en una excusa para abandonar los principios de transparencia y responsabilidad. Al contrario: mientras más extraordinarias son las circunstancias, mayor debe ser el compromiso ético de quienes administran recursos públicos”, expresó.
El exfuncionario agregó que recibe el informe con respeto institucional y reiteró que la gestión pública debe ser valorada sobre la base de documentos y evidencias.
“Siempre hemos defendido que la gestión pública debe ser evaluada con documentos, con evidencias y con responsabilidad. Hoy esos documentos están disponibles para que la sociedad conozca lo ocurrido y pueda formarse su propia valoración”, concluyó.
