SANTO DOMINGO.-El presidente del partido Generación de Servidores, Carlos Peña, acudió este lunes al Congreso Nacional para solicitar formalmente a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio político contra los jueces del Tribunal Constitucional (TC) que votaron a favor de la sentencia que, según dijo, “despenaliza las relaciones homosexuales en los cuerpos castrenses” de la República Dominicana.
Peña calificó la decisión del Tribunal Constitucional como “ilegal, inconstitucional y aberrante”, alegando que los magistrados habrían sustentado su fallo en leyes que, según dijo, fueron derogadas desde 2004, lo que, a su juicio, hace que la sentencia carezca de fundamento y de validez jurídica.
Solicitud de juicio político
El dirigente político explicó que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados la facultad de iniciar un juicio político contra funcionarios designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, entre ellos los jueces del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, entregó una comunicación solicitando la apertura del proceso y acusó a los magistrados de incurrir en prevaricación.
Peña afirmó que los jueces actuaron “en contradicción con la Constitución y con los valores morales y culturales del pueblo dominicano”, y responsabilizó a los partidos mayoritarios, PRM y Fuerza del Pueblo, de decidir si apoyan o no la solicitud, ya que juntos poseen los votos necesarios para convocar el proceso.
Cuestionamientos a la sentencia
El presidente de Generación de Servidores aseguró que la sentencia del TC “abre la puerta” para intentar normalizar prácticas que, según dijo, no se corresponden con las tradiciones nacionales, y señaló que el fallo busca generar un clima favorable para debates relacionados con el matrimonio igualitario, el cual recordó que está prohibido por la Constitución.
Peña insistió en que sus argumentos son jurídicos y no religiosos, y reiteró que la sentencia del Tribunal Constitucional “viola el ordenamiento jurídico dominicano” y responde a presiones de agendas internacionales.
La solicitud formal quedó depositada en la Cámara de Diputados, donde ahora corresponde a los legisladores decidir si procede o no el inicio del juicio político contra los magistrados involucrados.
