Santo Domingo.- En un contexto en el que la transparencia pública exige cada vez mayor rigor técnico, actualización normativa y capacidad de respuesta institucional, los Responsables de Acceso a la Información (RAI) están llamados a desempeñar un rol más estratégico dentro de las entidades del Estado.
Ya no basta con conocer las reglas generales del derecho de acceso a la información: hoy resulta indispensable comprender, con precisión, cómo se estructura, documenta, publica, tramita y controla la contratación pública bajo la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada el 28 de julio de 2025 y en vigencia desde el 29 de enero de 2026.
Con esa visión, CEF- Santo Domingo, con el aval de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lanzó el nuevo Curso Especializado en Contrataciones Públicas para Responsables de Acceso a la Información (RAI), una iniciativa académica diseñada para fortalecer las competencias de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso oportuno, correcto y legalmente sustentado a la información pública vinculada a compras, contrataciones, expedientes, actos administrativos y procesos institucionales.
La pertinencia de esta formación es clara. La Ley 47-25 redefine y moderniza el sistema dominicano de contrataciones públicas con un enfoque más robusto en transparencia, integridad, eficiencia, digitalización, monitoreo, control y rendición de cuentas.
La propia DGCP destaca entre las novedades de esta ley el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), la incorporación de nuevas modalidades, el fortalecimiento del régimen de consecuencias, el impulso a criterios de sostenibilidad y un marco más sólido para la supervisión del sistema.
La rectora de CEF.- Santo Domingo, Patricia Portela, señaló que este programa fortalece la formación de servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y buenas prácticas, aportando al desarrollo institucional del país. “Este programa forma profesionales y además impulsa una cultura de transparencia y responsabilidad que fortalece la confianza ciudadana”, informó.
Desde esa perspectiva, el curso abordará por qué el RAI debe conocer no solo la dimensión documental de las contrataciones, sino también su lógica jurídica y operativa.
La formación explicará el régimen jurídico de la contratación pública, incluyendo la manera en que la Ley 47-25 articula la contratación con la Constitución, los tratados aplicables y el derecho administrativo, así como la importancia del expediente administrativo y de la motivación de las actuaciones administrativas, elementos esenciales para responder solicitudes de información con base legal, criterio técnico y trazabilidad documental.
La normativa prevé que toda contratación pública cuente con expediente administrativo, con reglas sobre acceso, reserva y conservación, y sanciona conductas como impedir o dificultar injustificadamente el acceso a dichos expedientes.
De igual modo, el programa profundizará en la estructura completa del ciclo de contratación pública para que los RAI comprendan qué información existe en cada fase, cómo se genera y cuál es su relevancia institucional.
Eso incluye la planificación, mediante el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y los estudios previos; la definición de necesidades públicas; la elaboración de especificaciones técnicas objetivas; la estimación presupuestaria; la preparación de pliegos; la publicidad de convocatorias; la presentación y apertura de ofertas.
Además, la evaluación de propuestas; la adjudicación; la formalización del contrato; y su ejecución, supervisión, modificación y eventual terminación. La Ley 47-25 refuerza precisamente la planificación rigurosa y la debida documentación como base para lograr valor público y mejor uso de los recursos.
Otro eje central del curso será el análisis del SECP como plataforma obligatoria de gestión, publicidad y trazabilidad. Para los RAI, conocer el funcionamiento del sistema no es accesorio: es una herramienta fundamental para localizar documentos, verificar actuaciones, reconstruir cronologías, responder solicitudes con mayor exactitud y garantizar que la ciudadanía acceda a información pública confiable.
La Ley 47-25 reconoce la validez legal de la información electrónica y establece consecuencias ante la no publicación oportuna de actuaciones en el sistema, lo que convierte al SECP en una pieza clave tanto para la gestión administrativa como para la transparencia activa.
Con este lanzamiento, CEF.- Santo Domingo reafirma su compromiso con una educación superior conectada con las necesidades reales del país, con la actualización profesional y con la formación continua de los servidores públicos y de los distintos actores que intervienen en la gestión institucional.
Esta nueva iniciativa desarrollada junto a la DGCP se inscribe en la visión de impulsar programas pertinentes, especializados y alineados con las transformaciones del entorno normativo e institucional dominicano.
En este caso, con una apuesta clara por profesionalizar aún más la función de los Responsables de Acceso a la Información, quienes hoy deben ser capaces de interpretar expedientes, identificar actuaciones publicables, comprender límites legales de acceso, distinguir información reservada o confidencial cuando corresponda.
