SANTO DOMINGO.- Al acoger las pruebas y las graves acusaciones formuladas por el Ministerio Público, una jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago condenó a 10 años de prisión a un hombre que incurrió en violencia de género e intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja.
Winton Antonio Mendoza o Winton Antonio Mendoza Marte (Pin, Yunito o Zazá) había cumplido una sentencia de cinco años de prisión por tráfico de drogas y estaba siendo procesado por un caso en el que el pasado año fue condenado a 30 años por homicidio.
La condena por los hechos de violencia, además, establece el pago de cinco multas de cinco mil pesos (RD $5,000) cada una al Estado dominicano y una indemnización de seis millones de pesos (RD$6,000,000) a la víctima.
En esta ocasión, fue declarado culpable de cometer violencia de género e intrafamiliar agravada en violación al Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.
El expediente refleja un patrón de conducta violenta. El encartado mantenía en asedio, hostigamiento y violencia psicológica a la víctima, a quien amenazaba con matarla al igual que a su familia.
Mendoza Marte ocasionó traumas psicológicos severos que iban en progresión en perjuicio de la víctima.
El procesado ejerció violencia física, verbal, emocional y psicológica en reiteradas ocasiones, intentando agredir a la mujer con armas (cuchillo y pistola), “además de ejercer control, asedio, amenazas de muerte, manipulación, chantaje y aislamiento” en su afán de obligarla a mantener la relación sentimental.
Luego de que la Fiscalía de Santiago, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales recolectara una multiplicidad de evidencias, el fiscal litigante, José Euclides Vargas, solicitó al tribunal imponer la condena de 10 años de privación de libertad, debido al inminente peligro que representaba para la víctima y sus familiares, que se le otorgara la libertad al procesado.
Sosteniendo su postura en las pruebas, testimonios y los antecedentes penales del encartado, el Ministerio Público manifestó al tribunal que el procesado exhibe una evidente intención de dañar a las víctimas, toda vez que no ha demostrado arrepentimiento por los hechos cometidos.
La jueza del tribunal unipersonal Loida Altagracia Mejía Arias dictó la sentencia condenatoria y fijó su lectura íntegra para el próximo 14 de agosto.
Ante el cese de la medida coerción, por vencimiento del plazo establecido en la ley, al momento de dictar la sentencia, Mejía Arias varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, colocación de grilletes electrónicos, impedimento de salida del país, vigilancia permanente del Ministerio Público y una garantía económica de 500 millones de pesos en efectivo.
Antecedentes
En un proceso anterior, Mendoza Marte, quien es reincidente en los delitos, había sido condenado a 30 años de reclusión mayor por atacar a dos excuñados, hermanos de su expareja, uno de ellos que falleció en medio del hecho, ocurrido en el año 2025. Esta sentencia está pendiente de ejecución.
Por esos hechos, el procesado guardó prisión preventiva hasta que en la etapa de juicio el tribunal apoderado decidió el cese de la medida privativa de libertad e impuso como coerción la presentación periódica y una garantía económica por la suma de seis millones de pesos (RD$6,000,000) a través de una compañía aseguradora.
El procesado pagó la proporción correspondiente y quedó en libertad condicional. Esta decisión reposa en el acta número 371-05-2025-TACT-00638 del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia.
Luego de quedar en libertad, Mendoza Marte continuó con los hechos de violencia contra su expareja, por lo que el Ministerio Público tramitó una orden de arresto y la ejecutó, procediendo, posteriormente, con su sometimiento a la justicia.
En este proceso judicial fue declarado culpable de los citados hechos de violencia de género e intrafamiliar agravada y condenado por el tribunal unipersonal a solicitud del Ministerio Público.
