Tan pronto la justicia, sin las estrechas ataduras políticas de antes, puso su proa en la lucha contra la corrupción, esta no debe detenerse ni ser selectiva.
Presiones ha habido y habrá para que su brazo punitivo no apriete la vena yugular de los corruptos de todos los gobiernos, que fueron apañados y protegidos por los líderes políticos con relativo éxito, hasta hace pocos años.
En el actual contexto no puede haber corruptos favoritos sobre los cuales la justicia haga caer todo el peso de sus castigos penales, mientras se hace la indiferente frente a otros que, con igual pecado, siguen amparados hasta ahora por la impunidad.
En la medida en que todos los procesos sean precedidos de una rigurosa y no sesgada investigación de las formas y montos de los manejos irregulares de fondos públicos y de otros ilícitos, la sociedad aceptará que la justicia cumple con su verdadero rol.
Pero si abandona esa línea y actúa bajo presión del gobierno o de sectores poderosos, políticos o no, como era antes, ahí mismo sucumbirá en el descrédito y la desconfianza.
Al emprender este fin de semana la campaña de arrestos y enjuiciamiento de los imputados en el caso Calamar, una corrupción de gran calado, el mar de leva político que ha generado promete agitar más las olas de las inconformidades populares que se hacen latentes y sonoras en el año pre-electoral.
Con los impactos causados por la quiebra o desencaje de grandes bancos internacionales y el alto costo de la vida y de la energía, hay razones para que la sociedad esté inquieta frente al futuro inmediato.
En un escenario de confrontación electoral, la guerra que se intensifica entre Rusia y Ucrania y envuelve a sus aliados, más la crisis haitiana pegándonos en el costado y un nivel de pobreza e inseguridad todavía alto, este mar de vela puede traer muchos vientos fuertes.
La ofensiva con el caso Calamar no puede ser contaminada por una defectuosa reunión de pruebas contundentes e irrebatibles, pero tampoco por un ámbito solo limitado a imputados de la administración anterior, habiendo ahora casos denunciados que no han sido judicializados.
Solo una justicia de ojos vendados, presta para castigar a los culpables, no a los inocentes, puede ser garantía de la institucionalidad y de un Estado de derecho fuerte que sirva para resistir todas las tentaciones corruptas en el manejo de los dineros públicos.
Con las millonarias sumas que se han llevado los funcionarios corrompidos hasta en las suelas de sus zapatos, en el país pudieron remediarse muchas necesidades sociales, hoy todavía insatisfechas.