POR PERFECTO MARTÍNEZ
En los últimos cinco años, República Dominicana ha presenciado una preocupante conexión entre figuras políticas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Al menos una decena de diputados, alcaldes, regidores y exfuncionarios han sido acusados formalmente, condenados o se encuentran bajo investigación por su presunta participación en redes vinculadas al crimen organizado, tanto a nivel local como internacional.
De ese conjunto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), actual partido oficialista, encabeza la lista de representantes señalados por las autoridades en casos de alto perfil.
Diputados bajo sospecha
La diputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, es uno de los casos más emblemáticos. El Ministerio Público la acusa de haber sido la pieza clave para lavar más de 4,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico, fondos que estarían vinculados a su esposo y otros familiares también procesados desde 2020. Pilarte, entonces en funciones, fue enviada a juicio de fondo en 2023.
Otro nombre destacado es el del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, también del PRM, quien fue arrestado en Miami en 2021 y, tras declararse culpable, fue condenado a 16 años de prisión en 2024 por conspirar para traficar más de cinco toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Recibe en tu bandeja de correos un resumen semanal de las principales noticias de interés para la diáspora dominicana y Estados Unidos.
«Su caso marcó un precedente: es el primer legislador dominicano condenado por narcotráfico en territorio estadounidense.»“
A ellos se suman los también diputados del PRM Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Féliz Féliz, investigados como parte de una de las mayores investigaciones antidrogas del país en las últimas décadas.
Se les vincula con estructuras de financiamiento político irregular y vínculos operativos con redes de narcotráfico transnacional.
Regidores y alcaldes en la red
El regidor del Distrito Nacional por el PRM, Edickson Herrera Silvestre, se entregó voluntariamente en mayo de 2025 a las autoridades estadounidenses tras ser acusado de conspirar para traficar cocaína hacia ese país. La acusación fue emitida por una corte federal de Florida, donde enfrenta tres cargos graves por narcotráfico internacional.
Otro regidor, Walky Cuevas Charles, del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), fue arrestado en septiembre de 2024. Se le acusa de formar parte de una red liderada por el presunto narco Junior Santos Restrepo. Según la acusación, Cuevas habría lavado cerca de 300 millones de pesos en los últimos diez años.
En el plano municipal, el exdiputado y director de distrito en Bayahíbe, Enriquillo Luis Brito, vinculado primero al PLD y luego al PRM, fue arrestado junto a su hijo en enero de 2025 por su presunta participación en la introducción de 9.8 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto Caucedo.
También fue extraditado en 2021 Erquidenio Balbuena Águeda, exalcalde de Las Galeras (Samaná), por cargos de tráfico de cocaína en Puerto Rico, donde enfrentó procesos judiciales por su presunta participación en una red de transporte de drogas por vía marítima.
Director municipal y otros también caen
Más allá de los cargos electivos, el narcotráfico también ha salpicado a otros estamentos del poder estatal. En 2020, Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas (Azua) y dirigente del PRM, fue extraditado a Estados Unidos.
En 2025, el general retirado William Durán Jerez, quien ocupó funciones de seguridad en instituciones públicas, fue acusado en una corte federal estadounidense de conspirar para distribuir cocaína.
Las autoridades lo identifican como uno de los supervisores logísticos de una red de tráfico hacia EE.UU.
Por último, en 2022, el excónsul dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, fue condenado a 15 años de prisión en Nueva York, tras admitir que utilizó su inmunidad diplomática para transportar cargamentos de cocaína por avión y barco.
Una tendencia que inquieta
De los casos documentados entre 2020 y 2025, al menos siete de los implicados han pertenecido al PRM, seguido por el PLD, el PRD y el BIS.
Aunque el oficialismo ha defendido que los casos son reflejo de un sistema de justicia independiente, la acumulación de nombres en las filas del partido gobernante pone en entredicho los filtros internos de los partidos políticos para depurar sus candidaturas y controlar el financiamiento electoral.
