MAO, Valverde.- La familia Disla,originaria del fenecido Andrés Avelino Disla Lugo, hizo un llamamiento a la opinión pública, a las autoridades judiciales, a los abogados, periodistas, organizaciones sociales y a sectores comprometidos con la defensa del Estado de derecho para que se conozca la historia de un conflicto de tierras que, según sostiene, se ha prolongado por más de seis décadas y cuyo origen está marcado por graves irregularidades judiciales.
Los hechos se remontan a 1947, cuando Andrés Avelino Disla Lugo adquirió unos terrenos por la suma de cinco mil pesos, construyendo sobre aquella propiedad un patrimonio familiar destinado a las futuras generaciones.
Catorce años después, el señor Arturo Bisonó Toribio presentó una demanda en cobro compulsivo por aproximadamente trescientos pesos. La Cámara Civil y Comercial del municipio de Mao rechazó inicialmente dicha reclamación por falta de pruebas.
Durante el convulso período de la guerra civil de 1965, el reclamo fue nuevamente introducido ante los tribunales. Un juez actuando como interino reconoció la demanda y elevó el monto reclamado a mil peso, pero estableció una condición: que el demandante depositara por Secretaría las pruebas correspondientes.
Según la familia Disla, dichas pruebas nunca fueron depositadas.
A pesar de ello, la sentencia fue posteriormente utilizada como fundamento para iniciar un proceso de embargo sobre los bienes de Andrés Avelino Disla Lugo.
La familia sostiene que fue despojada de unas 2,000 tareas mediante un proceso marcado por graves irregularidades, falta de notificación, una supuesta deuda no probada y operaciones posteriores considera fraudulentas.
Un embargo que la familia considera fraudulento
La familia Disla denuncia que el proceso adquirió mayor gravedad cuando el Banco Agrícola presentó una oposición al embargo debido a la existencia de una hipoteca de primer rango sobre los terrenos.
Sin embargo, según la denuncia familiar, posteriormente se permitió que el proceso continuara, hasta producirse el embargo y la posterior venta de aproximadamente 2,000 tareas de tierra por una supuesta deuda de apenas mil pesos.
Para la familia, la desproporción entre la deuda reclamada y el valor y extensión de los terrenos constituye uno de los elementos fundamentales que deben ser investigados y esclarecidos.
Existen otros aspectos más graves
La familia sostiene que Andrés Avelino Disla Lugo no fue debidamente notificado de la sentencia, ni del embargo, ni de la venta en pública subasta de sus propiedades.
De confirmarse documentalmente estas circunstancias, estaríamos ante hechos que ameritan una profunda revisión del proceso y de las actuaciones de todas las personas e instituciones que intervinieron.
¿Cómo se pudo transferir una propiedad en estas condiciones?
La familia Disla también cuestiona las operaciones posteriores mediante las cuales los terrenos terminaron vinculados a terceros.
Según la documentación y los antecedentes que la familia afirma poseer, primero apareció José Gabriel Rodríguez y posteriormente Edgar Federico Columba, mediante operaciones que la familia considera simuladas y que habrían involucrado una supuesta venta por la suma de cinco pesos.
La familia Disla considera indispensable determinar quiénes participaron en esas operaciones, bajo qué circunstancias fueron realizadas, cuáles fueron los documentos utilizados y si los adquirientes conocían o debían conocer las controversias existentes sobre los terrenos.
El punto central de la denuncia es contundente
No puede utilizarse la figura del comprador de buena fe para legitimar una operación cuya cadena de antecedentes está cuestionada por graves irregularidades.
Familia recuerda una decisión del gobierno de Balaguer
Otro elemento que la familia considera de especial importancia histórica es que, según sus antecedentes, durante el gobierno de Joaquín Balaguer,en 1976, se habría ordenado congelar la materialización del proceso relacionado con la adjudicación de los terrenos.
Para los Disla, este hecho demuestra que las irregularidades no eran desconocidas y que la controversia alcanzó niveles institucionales que trascendieron el ámbito estrictamente familiar.
60 años después la herida continúa abierta
La familia Disla afirma que durante más de 60 años ha vivido las consecuencias económicas, familiares y emocionales de este conflicto.
Generaciones enteras han crecido con la convicción de que a su familia le fue arrebatado un patrimonio adquirido legítimamente por Andrés Avelino Disla Lugo.
Por eso, los Disla no consideran que se trate simplemente de una vieja disputa de tierras.
Lo consideran un caso emblemático de la lucha de una familia por obtener justicia frente a un proceso que, según denuncian, estuvo marcado por el abuso, el fraude, la falta de transparencia y la utilización irregular de mecanismos judiciales.
Ante esta situación, la familia Disla reclama y solicita:
1. Una revisión exhaustiva del expediente histórico relacionado con la propiedad.
2. El esclarecimiento de la sentencia utilizada como fundamento del embargo, incluyendo la verificación de si las pruebas que el tribunal ordenó depositar fueron efectivamente presentadas.
3. La investigación de las notificaciones judiciales, particularmente las relativas a la sentencia, el embargo y la subasta.
4. La revisión de la legalidad de la venta en pública subasta y de todos los actos posteriores de transferencia de los terrenos.
5. El esclarecimiento de las operaciones realizadas a favor de los presuntos adquirientes o testaferros, incluyendo la supuesta venta por cinco mil pesos.
6. La determinación de las responsabilidades correspondientes, si de las investigaciones se desprenden actuaciones fraudulentas o violaciones de la ley.
7. El acceso público y transparente a la documentación histórica del proceso, respetando naturalmente las competencias y procedimientos establecidos por las autoridades.
Pedimos justicia, no privilegios
La familia Disla quiere dejar claro que su reclamo no constituye una petición de privilegios ni una exigencia de justicia al margen de la ley.
Pedimos precisamente lo contrario: que la ley sea aplicada.
Si los documentos demuestran que el proceso fue legítimo, que se explique públicamente y con claridad.
Empero, si los documentos demuestran que existieron irregularidades, fraude, simulación, falta de notificación o violaciones al debido proceso, entonces corresponde establecer responsabilidades y reparar, dentro del marco de la Constitución y las leyes, el daño causado.
La familia Disla no pretende sustituir a los tribunales.
Pretende que los tribunales hagan su trabajo con independencia, transparencia y apego a la verdad.
Porque una cosa es la prescripción de un conflicto y otra muy distinta es utilizar el paso del tiempo para convertir una injusticia en justicia.
Una lucha por la memoria y la dignidad
Después de más de seis décadas, la familia Disla mantiene viva esta denuncia porque considera que el paso del tiempo no convierte el fraude en legalidad ni la injusticia en verdad histórica.
Los Disla creen que la sociedad dominicana tiene derecho a conocer qué ocurrió con aquellas tierras adquiridas por Andrés Avelino Disla Lugo en 1947 y cómo fue posible que un patrimonio de aproximadamente 2,000 tareas terminara siendo objeto de un proceso de adjudicación cuestionado por la propia familia durante generaciones.
La familia Disla continuará reclamando justicia por Andrés Avelino Disla Lugo, por sus descendientes y por la memoria de una familia que durante más de 60 años se ha negado a aceptar el despojo como destino.
No buscamos venganza. No buscamos privilegios. Buscamos verdad, justicia y reparación.
