Por Ramón A. Rodríguez Veras
La crisis haitiana dejó de ser hace tiempo un problema exclusivamente haitiano. Para la República Dominicana es también un asunto fronterizo, laboral, presupuestario y de seguridad. Negarlo sería irresponsable. Pero igualmente irresponsable sería abordarlo únicamente con redadas, deportaciones o restricciones de servicios públicos, mientras permanecen intactos los mecanismos económicos que vuelven a atraer cada día a la misma mano de obra que el Estado intenta expulsar.
Hay una contradicción que merece discutirse con menos consignas y mayor franqueza.
En numerosos proyectos agrícolas y de construcción se contrata mano de obra haitiana porque existe una demanda real. El trabajador llega, participa en una cosecha, levanta una obra o presta determinado servicio. El trabajo termina, pero con demasiada frecuencia termina el contrato y no termina la permanencia. Busca otro empleo, pasa a la informalidad o simplemente permanece en el país. Meses después puede aparecer trabajando en otra provincia, para otro empleador y en una actividad distinta.
Ahí se encuentra una parte importante del problema.
Un país tiene derecho a admitir trabajadores extranjeros cuando su economía los necesita. Lo que no parece razonable es que una autorización temporal de trabajo, o peor aún, una entrada irregular tolerada porque hace falta mano de obra, termine convirtiéndose de hecho en una residencia indefinida que nunca fue decidida por el Estado.
Y resulta llamativo comprobar que la legislación dominicana ya contiene buena parte de la solución. Tenemos una ley que apenas hemos convertido en sistema. La Ley General de Migración núm. 285-04 creó hace más de veinte años la figura del trabajador temporero. El carné correspondiente debe identificar, entre otras cosas, la fecha de entrada, el plazo autorizado de permanencia, la actividad que realizará, la zona donde trabajará y el empleador que lo contrató.
Más importante todavía: El artículo 56 dispone que quien trabaje fuera de la actividad o del área autorizada, o permanezca después del plazo concedido, pasa a encontrarse en condición migratoria irregular y queda sujeto al procedimiento establecido por la ley.
El Reglamento 631-11 fue incluso más lejos. Contempló una fianza a cargo del empleador para cubrir, entre otros conceptos, la repatriación del trabajador. Es decir, el principio de que quien entra para trabajar temporalmente debe salir cuando concluye la razón que justificó su entrada no es una propuesta radical importada del extranjero. Está dentro del propio ordenamiento dominicano.
En marzo de 2026, la Dirección General de Migración volvió sobre el punto mediante la Resolución DGM-001-2026. Para renovar un permiso TT-1 exige contrato registrado, inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social y una garantía del empleador, quien además debe asumir expresamente la coordinación con Migración para la repatriación una vez concluya el vínculo laboral.
Entonces cabe una pregunta incómoda: si ya tenemos esas herramientas, ¿por qué seguimos administrando el problema principalmente cuando el trabajador ya está indocumentado y disperso dentro del territorio? Perseguir posteriormente a miles de personas es muchísimo más costoso que controlar desde el principio quién entró, con quién trabaja, cuándo vence su autorización y cuándo salió.
Las cifras permiten apreciar la magnitud del esfuerzo que actualmente se dedica a la fase final del problema. Según la memoria institucional de la DGM, durante 2025 fueron reconducidos 379,553 nacionales haitianos: 228,877 bajo la clasificación de deportados y 150,676 repatriados. La misma institución registró además 197,742 retornos voluntarios durante ese año.
Son números enormes.
También obligan a preguntarse cuánto de ese esfuerzo podría evitarse si la política migratoria comenzara en el lugar de contratación y no en el camión de interdicción. El trabajador que viene por seis meses no debe desaparecer dentro del país al séptimo. República Dominicana podría adoptar un verdadero programa de trabajo temporal y retorno, aprovechando la estructura jurídica que ya posee.
Durante los próximos meses debería hacerse un levantamiento obligatorio de la mano de obra extranjera de agricultura, construcción, turismo, servicios y trabajo doméstico. No para realizar una regularización general, sino para determinar qué sectores realmente necesitan trabajadores extranjeros y en qué cantidad. A partir de ahí, toda contratación temporal tendría que nacer con cuatro fechas claramente registradas: entrada al país, inicio del contrato, terminación del contrato y salida prevista.
El empleador tendría que comunicar electrónicamente a Migración y al Ministerio de Trabajo cualquier terminación anticipada dentro de un plazo muy breve. Si otro empleador necesita al trabajador, podría solicitar formalmente su transferencia antes del vencimiento del permiso. Si nadie lo contrata legalmente, procede el retorno.
Eso cambiaría completamente los incentivos. Hoy el empresario puede beneficiarse del trabajo extranjero y posteriormente trasladarle al Estado prácticamente todo el problema migratorio. La empresa termina la obra; Migración se queda buscando al trabajador. Debe ocurrir exactamente al revés: quien introduce o contrata mano de obra temporal tiene que participar también en el costo y en la responsabilidad de su salida.
La tecnología permite hacerlo sin crear una burocracia gigantesca. Un carné biométrico con código verificable podría indicar en segundos si el trabajador está activo, para qué empresa está autorizado, en qué actividad, en qué provincia y hasta qué fecha. DGM, Ministerio de Trabajo y TSS deberían trabajar sobre una misma base de datos.
El propio Gobierno ha comenzado a moverse en esa dirección. En mayo de 2026, Migración informó que 112 empresas habían sido sancionadas por emplear extranjeros indocumentados y recordó que los empleadores deben notificar la desvinculación del trabajador para que pueda determinarse inmediatamente su situación migratoria.
Ese esfuerzo debe dejar de ser excepcional y convertirse en rutina. Hay países que necesitan trabajadores extranjeros y, aun así, exigen que regresen. A veces presentamos como imposible lo que otros países administran todos los años. Estados Unidos utiliza la categoría H-2A para trabajadores agrícolas temporales.
La autorización está vinculada a una necesidad laboral temporal o estacional y existe un límite a la permanencia bajo esa categoría; alcanzado el máximo general previsto, el trabajador debe salir de Estados Unidos antes de volver a ser elegible.
Canadá opera un esquema todavía más ilustrativo para nuestro caso. En su Seasonal Agricultural Worker Program de 2026, el contrato caribeño establece períodos agrícolas de hasta ocho meses y dispone el retorno del trabajador a su país de origen dentro del calendario establecido. El empleador interviene además en el transporte de regreso.
España desarrolla desde hace años mecanismos de contratación colectiva en origen. En 2025, más de 25,700 personas participaron en programas de migración circular bajo el sistema GECCO: contratación organizada antes de llegar al territorio español y vinculada a necesidades laborales concretas.
No habría que copiar ninguno de esos modelos literalmente. República Dominicana tiene una realidad fronteriza completamente distinta. Pero el principio merece atención: necesitar al trabajador no obliga a convertir automáticamente al trabajador temporal en residente permanente. Incluso habría una forma inteligente de premiar el cumplimiento.
El extranjero que termine su contrato y salga dentro del plazo podría recibir prioridad para regresar legalmente durante la próxima cosecha o proyecto. Quien abandone el empleo autorizado y permanezca irregularmente perdería temporalmente esa posibilidad, siempre mediante procedimientos previamente establecidos.
Para muchos trabajadores sería preferible saber que pueden regresar legalmente cada temporada que exponerse a pagar a traficantes, atravesar clandestinamente la frontera y vivir permanentemente bajo riesgo de detención. Eso es migración circular. Y puede ser más humana al mismo tiempo que más rigurosa.
También hay que hablar de quienes contratan.
Durante décadas una parte del debate migratorio dominicano ha colocado toda la responsabilidad sobre el inmigrante y muy poca sobre el dominicano que lo emplea. Eso tiene que cambiar.
El Código de Trabajo dispone en su artículo 135 que por lo menos el 80 % de los trabajadores de una empresa debe estar compuesto por dominicanos y el artículo 136 contiene una regla similar respecto de la masa salarial, con las excepciones previstas por la propia legislación.
Sin embargo, basta recorrer determinadas obras o explotaciones agrícolas para comprender la distancia que puede existir entre la norma y la realidad. La respuesta tampoco puede consistir en retirar mañana a todos los trabajadores extranjeros de actividades que actualmente dependen de ellos. Eso podría paralizar proyectos, encarecer alimentos y producir un mercado negro laboral todavía mayor.
Hay que hacerlo con cabeza. Agricultura y construcción deberían informar anualmente sus necesidades reales de mano de obra. A partir de esas cifras, el Estado establecería cupos temporales por sector y, cuando resulte necesario, por región y temporada. No un número indefinido de personas entrando porque alguien dice necesitarlas, sino plazas laborales previamente identificadas.
Al mismo tiempo habría que cumplir algo que el propio Gobierno reconoció en 2025: la economía dominicana debe reducir paulatinamente su dependencia de mano de obra irregular mediante mejores salarios, incorporación de trabajadores dominicanos, mecanización agrícola y nuevas técnicas constructivas. El Gobierno anunció entonces un fondo que ya había canalizado RD$2,800 millones hacia mecanización y transformación productiva.
Ese camino debe acelerarse.
Una finca que hoy necesita cien trabajadores manuales quizá pueda necesitar sesenta dentro de cinco años si incorpora determinadas tecnologías. Una constructora puede modificar sistemas y procesos. Y determinados empleos volverán a ser atractivos para dominicanos si el salario refleja realmente su dificultad. La inmigración barata no puede convertirse en un subsidio oculto a actividades económicas que han decidido no modernizarse.
La escuela no es el lugar donde debe librarse esta batalla. Aquí conviene marcar una diferencia que puede evitarle a República Dominicana problemas jurídicos y diplomáticos innecesarios.
La Constitución dominicana establece en su artículo 25 que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nacionales, sujeto a las excepciones constitucionales y legales; el artículo 39 prohíbe la discriminación por nacionalidad, y el artículo 63 comienza con una expresión difícil de ignorar: “Toda persona tiene derecho a una educación integral”. Además, declara gratuita y obligatoria la educación pública en los niveles establecidos constitucionalmente.
Eso aconseja mucha prudencia antes de convertir la matrícula de un niño haitiano en instrumento de control migratorio. En septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader informó que unos 147,000 estudiantes de nacionalidad haitiana representaban aproximadamente el 6.5 % de la matrícula escolar. El dato evidencia una presión real sobre el presupuesto educativo y no debe ocultarse.
Pero una cosa es reconocer el costo y otra distinta negar la escuela. Además de las dificultades constitucionales, Washington ha incluido anteriormente en sus informes de derechos humanos señalamientos relacionados con obstáculos para que los niños de inmigrantes indocumentados accedan a escuelas, diplomas y otros servicios. Abrir ese frente sería innecesario cuando existen mecanismos migratorios mucho más efectivos.
El niño puede asistir a la escuela sin que esa matrícula regularice a sus padres, conceda residencia a la familia o elimine las consecuencias de una situación migratoria irregular. Al mismo tiempo, Educación puede mantener un registro administrativo preciso de estudiantes extranjeros y calcular públicamente cuánto representa su atención.
Ese costo debe llevarse a la mesa internacional. Si la comunidad internacional y los organismos multilaterales consideran que proteger a la población vulnerable haitiana es una responsabilidad regional, entonces también es razonable pedirles recursos para financiar parte de la presión extraordinaria que reciben las escuelas, hospitales y comunidades fronterizas dominicanas.
Solidaridad internacional también significa compartir la factura. Hay que dejar de contar inmigrantes con fotografías viejas. Existe otro problema menos visible. La última Encuesta Nacional de Inmigrantes de gran alcance publicada por la ONE corresponde a 2017. Entonces se estimaron 497,825 personas nacidas en Haití residentes en República Dominicana y 253,255 descendientes con padres nacidos en Haití.
Han ocurrido demasiadas cosas desde 2017 para conducir una política migratoria de 2026 utilizando aquella fotografía como referencia principal. La propia ONE reconoció este año la necesidad de mejorar la producción estadística migratoria y, junto con UNFPA y la Unión Europea, desarrolló el proyecto “Cifras que Incluyen” para integrar y armonizar registros administrativos.
Eso debería evolucionar hacia un registro migratorio nacional mucho más ambicioso. El país necesita saber cuántos extranjeros entran, cuántos salen, cuántos tienen residencia, cuántos poseen permisos temporales, dónde trabajan, cuántos permisos vencieron, qué empresas los contrataron y cuántos cumplieron efectivamente con el retorno.
Sin esos números, el debate oscila peligrosamente entre dos extremos: quienes minimizan el problema y quienes ofrecen estimaciones imposibles de comprobar. La preocupación por perder el control migratorio es legítima. Pero afirmar que eventualmente “todos los haitianos” terminarán residiendo en República Dominicana sería una exageración que debilita un argumento que puede defenderse perfectamente con datos.
La pregunta seria es otra: ¿qué volumen de inmigración puede absorber sosteniblemente un país de poco más de once millones de habitantes, con servicios públicos y territorio limitados, mientras comparte una isla con un Estado sometido a una crisis de enormes proporciones?
Esa pregunta merece respuesta oficial. Lo urgente puede hacerse ahora; lo importante necesita varios años. En los próximos doce meses República Dominicana podría tener funcionando un registro único de trabajadores extranjeros; exigir de manera efectiva el TT-1 donde corresponda; vincular contratos, TSS y Migración; hacer cumplir la fianza de retorno; sancionar con mayor severidad a empleadores reincidentes; controlar las transferencias de trabajadores entre empresas y verificar la salida cuando finalice cada autorización.
También debería intensificarse la persecución de las redes que cobran por introducir personas irregularmente y, algo igualmente importante, de cualquier funcionario civil o militar que las proteja. Después viene una tarea de dos o tres años: convertir el trabajo extranjero temporal en un programa de migración circular con cupos determinados por las necesidades verificables del mercado laboral, contratación identificada antes del ingreso, seguro, TSS, alojamiento cuando corresponda, fecha de salida y posibilidad de retornar legalmente para quien haya cumplido las reglas.
Paralelamente, agricultura y construcción tendrían metas verificables de mecanización y sustitución gradual de puestos que hoy dependen innecesariamente de trabajo manual intensivo. Y existe una tarea que probablemente tomará una década.
La frontera necesita desarrollo económico dominicano, infraestructura, tecnología, vigilancia electrónica y comunidades capaces de retener población nacional. Haití necesita recuperar instituciones, seguridad y actividad productiva dentro de su propio territorio.
La situación al otro lado de la frontera explica por qué ninguna política dominicana puede descansar exclusivamente en deportaciones. Un informe de Naciones Unidas de 2026 estimó aproximadamente 1.4 millones de desplazados internos en Haití, más de 6.4 millones de personas afectadas por la crisis humanitaria y una expansión de las bandas armadas fuera de Puerto Príncipe.
Mientras esas condiciones persistan, la presión migratoria continuará. Por eso la República Dominicana debe insistir ante Washington, Ottawa, Bruselas, Naciones Unidas, BID y Banco Mundial en algo muy concreto: los recursos principales para estabilizar Haití tienen que invertirse en Haití. Seguridad, empleo, documentación civil, infraestructura, agricultura, escuelas y oportunidades del lado haitiano son, a largo plazo, la política migratoria más efectiva que puede tener República Dominicana.
Nuestro territorio no puede convertirse en la válvula permanente de escape de cada crisis haitiana. Firmeza que pueda defenderse en Santo Domingo y también en Washington. Una buena política migratoria debe superar una prueba sencilla: ¿podemos explicarla ante nuestra propia población y defenderla, con la misma tranquilidad, frente a un gobierno extranjero?
Si la norma dijera que una persona será detenida porque parece haitiana, sería indefendible. Si dijera que un niño pierde la escuela debido al estatus de sus padres, abriríamos un conflicto constitucional e internacional que poco aporta al control fronterizo. Pero si República Dominicana establece que todo extranjero contratado temporalmente debe entrar por un puesto autorizado, identificarse biométricamente, trabajar solamente para la actividad permitida, cumplir las normas laborales y salir cuando termina el período concedido, resulta mucho más difícil cuestionarla.
Más aún cuando Estados Unidos, Canadá y países europeos utilizan ellos mismos categorías de inmigración temporal vinculadas a empleos concretos y sometidas a límites de permanencia. La clave diplomática estaría también en que las reglas generales se formulen según condición migratoria y categoría laboral, no según color de piel. Cuando sea necesario un mecanismo bilateral con Haití por razones prácticas, puede existir, pero la actuación interna de las autoridades debe descansar en documentos, registros y debido proceso, no en presunciones étnicas.
Eso protege al inmigrante que cumple la ley y fortalece al Estado frente al que no la cumple. República Dominicana ha demostrado que puede ejecutar deportaciones en una escala considerable. El próximo paso es más difícil: construir un sistema que reduzca la necesidad de realizarlas.
El objetivo razonable no debe ser una República Dominicana cerrada a todo trabajador haitiano. Nuestra economía ha utilizado y seguirá utilizando mano de obra extranjera en determinadas actividades. Tampoco puede consistir en una puerta donde se sabe quién entra, pero después nadie verifica quién debía salir.
Un Estado soberano decide cuántas personas admite, para qué propósito y durante cuánto tiempo. Un Estado organizado, además, verifica que esas condiciones se cumplan. Ahí está el cambio que falta. La República Dominicana puede seguir ofreciendo trabajo temporal, comercio, protección de derechos fundamentales y cooperación con Haití sin asumir como consecuencia inevitable el asentamiento indefinido de todo aquel que alguna vez cruzó la frontera para realizar una labor. Eso exige firmeza, pero también precisión.
Porque al final una frontera no se controla solamente impidiendo que alguien entre. También se controla sabiendo quién entró, por qué entró, cuánto tiempo podía quedarse y si realmente salió cuando llegó el momento de hacerlo.
Autor: General ® de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas República Dominicana necesita transformar la inmigración haitiana en un sistema ordenado de entrada, trabajo y retorno, antes de que la excepción termine convertida en permanencia
