SANTO DOMINGO.-El proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat y la empresa Inversiones E y N S.R.L., acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, registró un nuevo movimiento procesal este jueves.
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, declinó la solicitud de resolución de peticiones presentada por los abogados defensores de los imputados, Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez.
El magistrado explicó que, tras la presentación del acto conclusivo —la acusación formal del Ministerio Público—, su función de control de la investigación, contemplada en el artículo 66 del Código Procesal Penal, ha concluido.
En consecuencia, remitió la solicitud de los imputados a la coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, quien deberá enviarla al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, tribunal apoderado del proceso y responsable de conocer la audiencia preliminar. Este juicio busca establecer responsabilidades por el colapso que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas, convirtiéndose en una de las tragedias más graves registradas en un establecimiento de entretenimiento del país.
El juez Martínez sostuvo que su decisión se fundamenta en precedentes similares:
“La labor de control cesa al presentarse un acto conclusivo. Una audiencia en curso no puede celebrarse cuando el fondo pasa al tribunal competente”, indicó.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 28 de octubre a las 9:00 de la mañana, y la Secretaría deberá notificarla a las partes y a la coordinación correspondiente.
La acusación del Ministerio Público
La jueza Kenya Romero apoderó al tribunal luego de que el Ministerio Público presentara formalmente la acusación, firmada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
Según la instancia, los hermanos Espaillat habrían incurrido en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
El Ministerio Público sostiene que los imputados sobrecargaron la estructura del techo con equipos de climatización de gran peso y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que avalaran la resistencia. Además, habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro de la estructura, priorizando el ahorro económico pese a los riesgos evidentes.
