SANTO DOMINGO.- La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, condenó a la Procuraduría General de la República al pago de más de 7.5 millones de pesos a favor de uno de los diez imputados en el caso de la presunta estafa al Estado y el sabotaje de la red semafórica.
El monto corresponde a la liquidación de un astreinte, que es una sanción económica impuesta por el incumplimiento de una resolución judicial del año pasado que ordenaba la entrega de bienes incautados y solicitados por el acusado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
Falta entregar un celular Samsung
Según la resolución que condena a la Procuraduría General, en la audiencia del 30 de junio los representantes Álvarez Carbuccia expresaron que el Ministerio Público había «hecho entrega de varios de los bienes de manera paulatina» y que solo faltaba por devolverle al imputado un celular Samsung S3 del año 2012, «que tiene un valor en el mercado de unos tres mil doscientos pesos (RD$3,200.00), ese es el valor del único equipo que falta por devolver».
La disposición de la magistrada, con el número No.058-2026-SOTR-00044, agrega qMinisterio Público alegó que no había hecho entrega del dispositivo, como hizo con los demás bienes del acusado porque estaba en el Inacif, donde le hacía una extracción de datos que se utilizarán en la acusación del caso de supuesta estafa.
Agregó que luego del Inacif, el aparato fue llevado al almacén de evidencias que tenían en el edificio de la vieja Corte y que fue trasladado en una «mudanza demasiada apresurada», por lo que tardaron en encontrarlo para cumplir con la decisión de su entrega.
«Hubo que evacuar ese edificio y todos los equipos se mandaron a un almacén y por eso se duró mucho para encontrarlo y devolvérselo, porque con todos los equipos se hizo una mudanza demasiada apresurada, faltando solamente uno de los equipos al día de hoy, que es un Samsung S3 del año 2012», alegaron los representantes del órgano acusador.
Los fiscales incluso se ofrecieron a pagar el dispositivo al precio que dijeran los representantes de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien se desempeñó como exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en la gestión de Hugo Beras, también acusado de presunta corrupción.
Jueza: MP no probó su imposibilidad de cumplir
Al condenar a la Procuraduría General a pagar la totalidad de la sanción económica impuesta, de los más de 7.5 millones de pesos, la jueza Patricia Padilla argumentó que el Ministerio Público «no ha aportado la indicada prueba ni ha justificado de manera razonable, lógica y legítima su imposibilidad de cumplir con la devolución del celular marca Samsung, modelo GT-19300, IMEI. 354245/05/363533/3, color blanco, propiedad del ciudadano Juan Francisco Álvarez Carbuccia».
Lo devolvió al Procuraduría
Entre los bienes que la jueza ordenó devolver a Álvarez Carbuccia y que la Procuraduría sí le entregó figuran otros celulares, entre ellos dos Iphone, así como un vehículo Chevrolet, Tahoe , del 2017, y cinco relojes.
Asimismo, una laptop marca MacBook y 17 cápsulas de cartuchos de perdigones, calibre 12 y de la marca Magtech.
Álvarez Carbuccia forma parte del grupo de diez acusados de corrupción, sabotaje contra la red semafórica, robo de identidad, delitos de alta tecnología y lavado de activos, encabezado por Hugo Beras y Jochi Gómez.
Todos enfrentarán un juicio de fondo que está programado para conocerse a partir del 11 de agosto.
