SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público concluyó la lectura resumida de su acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, para quienes solicitó el auto de apertura a juicio.
Los fiscales pidieron también al juez Reymundo Mejía Zorrilla mantener las medidas de coerción que pesan contra los acusados y propietarios de la discoteca Jet Set, así como la inmovilización de sus productos bancarios y bienes muebles e inmuebles para garantizar su disponibilidad en beneficio de las víctimas, y actores civiles del proceso.
Se recuerda que en agosto del pasado año, la Corte rechazó variar la coerción que se les impuso a los Espaillat López, consistente en garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Los querellantes y el Ministerio Público solicitaban imponerles prisión preventiva.
El órgano acusador estuvo representado este lunes por los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel, quienes presentaron en la audiencia un resumen del expediente acusatorio que contiene un total de 156 páginas.
Día 20, próxima audiencia
El juez Mejía Zorrilla recesó la audiencia para el lunes 20 de este mes para darle la oportunidad a los terceros civilmente imputados y para que los nuevos querellantes tomen conocimiento de la acusación del Ministerio Público.
El miércoles se cumplirá un año de haberse desplomado el techo del Jet Set durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien fue una de las víctimas mortales de la tragedia.
El colapso causó la muerte de 236 personas y más de un centenar de heridos.
«Negligente e imprudente»
Al leer las causas del desplome, según el órgano acusador, el fiscal Collado sostuvo que «la conducta negligente e imprudente» de Antonio y Maribel Espaillat López propició que el techo de la discoteca colapsara al contratar personas no especializadas para corregir sus filtraciones.
La audiencia de este lunes se realizó luego que el magistrado rechazara la solicitud de los abogados del Ministerio Obras Públicas y del Ayuntamiento del Distrito Nacional de que se aplazara para esas instituciones conocer la acusación del Ministerio Público.
«Yo no puedo dejar que esto llegue a diciembre, ¡por Dios!», indicó Reymundo Mejía.
Sostuvo que ambas instituciones fueron debidamente notificadas y que no podían alegar ignorancia.
