SANTO DOMINGO.- La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara dio un giro este viernes, luego de que su defensa recusara a la jueza Isis Muñiz, alegando que está impedida de conocer el proceso.
El abogado del imputado, Albert Delgado, explicó que la recusación se fundamenta en que la magistrada participó en una fase del proceso y tuvo contacto con elementos de prueba durante la entrega controlada.
«Ella participó cuando se hizo la entrega controlada. Tuvo contacto con el dinero, con videos y con pruebas que nosotros ni siquiera hemos tenido acceso», expresó el abogado, quien agregó que la jueza ya intervino en aspectos de fondo del caso.
Indicó que, desde la óptica de la defensa, la magistrada no puede continuar conociendo el proceso en contra de su representado por esa participación previa.
Según establece la norma, el caso deberá ser remitido a la Suprema Corte de Justicia, que será la instancia encargada de decidir sobre el incidente.
El caso
El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue detenido en flagrante delito tras recibir 10 mil dólares en efectivo de un investigado en el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), según el Ministerio Público.
Según la solicitud de medida de coerción, todo comenzó el 13 de marzo de 2026 cuando el fiscal se reunió con el hoy testigo Roberto Canaán en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
De acuerdo con el órgano persecutor, en este lugar, el declarante abordó el vehículo del imputado Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer «una posición de dominio» sobre Cannán.
Durante esta reunión —señala el documento— Valdez Alcántara propuso de manera explícita a Canaán alterar el curso del proceso seguido en su contra, el cual se encuentra en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.
El imputado respondió con exigencias pecunarias, entre ellos doscientos mil dólares; suma que el fiscal redujo a ciento cincuenta mil dólares, tras una negociación en la que presuntamente también, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negro; rechazando opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de «alta gama solicitado».
