SAN JUAN.- San Juan y Barahona registran ocho adolescentes privados de libertad cada una, las cifras más altas entre las provincias del Sur incluidas en un registro oficial, que contabiliza 29 adolescentes recluidos en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en Manoguayabo.
Ambas provincias concentran 16 de los 29 casos registrados, poco más de la mitad del total. Los adolescentes se encuentran en el centro por medidas de coerción privativas de libertad o por condenas definitivas.
Además de los ocho casos de Barahona y los ocho de San Juan, el registro incluye dos adolescentes de Peravia, dos de Independencia y dos de San José de Ocoa, así como uno de Azua.
De las provincias de la región Enriquillo, Barahona presenta la mayor cantidad, con ocho adolescentes, mientras Independencia registra dos y Bahoruco no presenta casos en el listado. Pedernales no figura en el registro suministrado.
Los adolescentes permanecen en Manoguayabo mientras enfrentan sus procesos judiciales o cumplen las sanciones impuestas por los tribunales por delitos como homicidio, robos agravados y otras infracciones penales.
Un centro que sigue sin operar
Las cifras se conocen mientras continúa sin entrar en funcionamiento el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal construido en Barahona, una instalación concebida para atender a esta población en la zona Sur y reducir los traslados hacia Santo Domingo.
El centro está ubicado en el trayecto Barahona-La Guázara, en Santa Cruz de Barahona. Su construcción comenzó el 24 de enero de 2019, con una inversión inicial proyectada de RD$113.7 millones.
En 2024, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones contrató trabajos pendientes para completar el proyecto. Para agosto de 2026, la edificación estaba prácticamente terminada, pero todavía no había comenzado a operar.
La instalación fue diseñada para albergar 170 adolescentes, con capacidad de ampliación hasta 180. Para completar los trabajos y equiparla fueron destinados alrededor de RD$70 millones adicionales.
Mientras el centro permanece cerrado, los adolescentes del Sur que reciben medidas de coerción privativas de libertad o condenas definitivas continúan siendo trasladados hasta Manoguayabo.
