SANTIAGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para este viernes, a las 2:00 de la tarde, la decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos.
El órgano acusador solicita un año de prisión preventiva contra los 10 imputados, a quienes señala como miembros de una supuesta organización criminal con base operativa en el distrito municipal de Jacagua, en Santiago.
Tras concluir la audiencia, abogados de la defensa cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y sostuvieron que no existen elementos suficientes para justificar medidas privativas de libertad.
El abogado Elvin Domínguez afirmó que las evidencias presentadas son «certificantes, pero no vinculantes», al considerar que no hay víctimas identificadas ni pruebas directas que relacionen a sus representados con los hechos imputados.
“Una prueba vinculante es una víctima que diga quién la estafó, desde qué número la llamaron y que pueda demostrar la transferencia realizada. Aquí no hay nada de eso”, expresó.
Asimismo, calificó de improcedentes las imputaciones por lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.
De su lado, el abogado José Reynoso sostuvo que la acusación presenta debilidades debido a que, según afirmó, las supuestas víctimas no han sido debidamente identificadas.
“Entendemos que con la debilidad de la acusación planteada por el Ministerio Público y con víctimas que no están identificadas, no se puede sostener el caso como se ha presentado”, manifestó.
Acusación
De acuerdo con la investigación, los imputados formaban parte de una estructura que captaba víctimas mediante anuncios en internet y posteriormente las sometía a amenazas y exigencias económicas.
El expediente señala que los acusados presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado Cartel de Sinaloa, y enviaban imágenes violentas para intimidar a sus víctimas.
Según el Ministerio Público, el dinero obtenido era movilizado a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos bancarios y empresas remesadoras para ocultar su origen.
Imputados
Entre los procesados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
El Ministerio Público les atribuye violaciones a las leyes sobre crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
