SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió este viernes un auto de no ha lugar a favor del excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, en el marco del proceso judicial conocido como caso Calamar.
Otros beneficiados con no ha lugar por la jueza Altagracia Ramírez en la lectura del fallo de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal evalúa si existen pruebas suficientes para enviar a los acusados a un juicio de fondo, fueron Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
En contraste, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, al considerar que los cargos formulados por el Ministerio Público deben ser debatidos en una fase de fondo, donde un tribunal determinará la responsabilidad penal o la inocencia de los imputados.
Junto a Donald Guerrero también fueron enviados a juicio Ángel Lockward y sus empresas, Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo.
El Ministerio Público acusa a los involucrados de formar parte de una presunta estructura que habría realizado pagos irregulares con fondos públicos, en un expediente que ha sido catalogado por las autoridades como uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años.
Con esta resolución concluye una etapa clave del proceso, mientras Gonzalo Castillo y Daniel Guerrero Mena, como José Ramón Peralta, quedan desvinculados del expediente por decisión del tribunal, los demás acusados deberán enfrentar un juicio de fondo, donde se conocerán las pruebas y argumentos presentados por las partes.
El Ministerio Público acusa al grupo imputado de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
