SANTO DOMINGO.- La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.
La magistrada Reynoso planteó, en forma enfática, que la Procuraduría montó otro operativo que hizo fracasar los planes del imputado a quien le arrestaron seis militares, incluyendo a un coronel activo.
Planteó que los integrantes del entramado corrupto desarticulado por la Operación Anti Pulpo estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica.
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
La procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político a favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Fonper operó como “caja chica” para proselitismo político y enriquecimiento personal
El Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper) era utilizado como una “caja chica” a favor del entramado de corrupción administrativa que operaba a favor de Juan Alexis Medina Sánchez y de un grupo de funcionarios, proveedores privilegiados y testaferros que se enriquecieron a costa del Estado, aseguró el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción.
La institución, que tuvo como administrador al imputado Fernando Aquilino Rosa Rosa en períodos de 2005 a 2011 y de 2012 a 2020, desarrolló proyectos de asistencialismo en Santiago con el objetivo de sacar beneficios personales y político partidistas en dicha demarcación, donde el funcionario participó como precandidato a alcalde (2016-2020), detalló en la audiencia la fiscal Mirna Ortiz.
En el Fonper, responsable de custodiar los beneficios accionarios del Estado en las empresas reformadas o capitalizadas, era funcionaria de primera línea la imputada Carmen Magalys Sánchez Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, así como del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Ejercía las funciones de vicepresidenta, directora administrativa y, por tanto, miembro del Comité de Compras.
Juan Alexis Medina Sánchez operaba como “la cabeza visible” de un pulpo que extendía sus tentáculos corruptores a diversas entidades del Estado en la que operaba aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina, sostuvo el Ministerio Público.
El imputado Medina Sánchez guardaba “contra escritos” que decían: “Aunque eso esté a nombre de fulano, es mío”, indicó la fiscal Sourelly Jáquez, al presentar pruebas de lavado de activos ante el juez de la Instrucción, José Alejandro Vargas.
Este domingo, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, el Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, presenta las evidencias que sustentan la solicitud de enviar a prisión preventiva a 11 imputados, por aprovechar sus vínculos con el poder político para sustraer cerca de cinco mil millones de pesos de la administración pública.
En la gestión de Fernando Rosa Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, entre 2016 y 2018, el Fonper desembolsó RD$78.1 millones a favor de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, presidida por Lucía Medina, hermana de los encargados de iguales apellidos.
La institución también construyó 390 viviendas en San Juan de la Maguana, que luego fueron inauguradas por Lucía Medina, quien entonces se presentaba como candidata a senadora.
En cuanto a las operaciones del entramado societario de Juan Alexis, la gestión en la que su hermana fue vicepresidenta, le concedió contratos por RD$15.1 millones, en este caso a la empresa Suim Suplidores Institucionales SRL.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez, que operaban en un mismo domicilio y sin suficiente aval económico y de recursos humanos, se beneficiaron de forma privilegiada de contratos millonarios en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), los ministerios de Salud Públicas, Educación, Haciendas, Obras Públicas y Defensa, así como en la Policía Nacional y otras instituciones.
Además de los hermanos Medina Sánchez, el expediente acusa a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
