SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader manifestó que el primer ministro de Haití Ariel Henry no es bienvenido en la República Dominicana «por motivos de seguridad», en momentos en que la vecina nación atraviesa una agudizada crisis de seguridad.
El jefe de Estado ofreció la declaración durante una entrevista al medio Financial Times, de acuerdo a un comunicado de la Presidencia de la República. «El presidente Abinader reveló que, dada la situación actual, no considera adecuada la presencia del primer ministro haitiano en República Dominicana», señala la nota.
«Esta decisión subraya la postura firme del gobierno dominicano en salvaguardar su seguridad nacional y estabilidad, en un contexto donde la violencia y el caos han escalado significativamente en Haití», agrega.
En la entrevista, el presidente Abinader enfatizó la ausencia de gobierno y autoridad en Haití, describiendo la situación de seguridad como totalmente insostenible, especialmente en el sur de Haití y en la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores.
«La preocupación del presidente por la seguridad de la República Dominicana es palpable, y ha indicado que la situación podría deteriorarse aún más si no se implementa de manera urgente una fuerza de paz para restaurar el orden y aliviar la crisis humanitaria en Haití», detalla el comunicado.
Esta declaración se produce en un momento de tensión y violencia en Haití, donde las pandillas han desafiado la autoridad del gobierno, complicando aún más la situación política y social en la región.
Abinader subrayó que la crisis en Haití no solo representa un desafío humanitario, sino que también plantea una amenaza directa a la estabilidad y seguridad de la República Dominicana. Por tanto, su administración ha tomado medidas proactivas para asegurar que el país no sea afectado negativamente por los eventos en Haití.
El presidente dominicano hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse en el esfuerzo de pacificar Haití y desarrollar un plan viable hacia elecciones democráticas, señalando que, sin un gobierno legítimo y una disminución significativa de la violencia, el proceso electoral sería inviable.
