SANTO DOMINGO.- Ante la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) para que los empleados públicos presenten sus facturas del agua y la luz, los diputados de diferentes partidos calificaron la medida como «excesiva e innecesaria», además de considerar que está apartada de los principios constitucionales.
En una circular, el MAP instruyó a los organismos gubernamentales a recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.
De acuerdo con el diputado Ignacio Aracena, la medida «es excesiva» y está «fuera de contexto» porque viola la privacidad de los empleados públicos, por lo que pidió a las autoridades ser más consecuentes con la disposición.
Aracena señaló que las autoridades «tienen tiempo de recapacitar» en su decisión y retomarla con explicaciones claras que expongan el verdadero sentido de la medida.
Otro perremeísta, el diputado Eugenio Cedeño, expresó que la disposición del MAP «se desborda» de sus atribuciones y favoreció que la decisión no sea usada para aplicar correcciones coercitivas, sino para conocer la realidad de los empleados públicos y mejorar sus condiciones de vida.
«No creo que ningún empleado esté obligado a cumplir con el requerimiento y, si lo hace, debe ser en un marco de colaboración, pero no de obligación», enfatizó el diputado de La Romana.
Oposición arremete contra circular del MAP
Sobre la medida también opinaron los diputados opositores. Tobías Crespo, representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, dijo que la decisión del MAP es «innecesaria» porque, a su juicio, la entidad pública «no puede meterse en la vida privada» de los empleados.
En ese orden, precisó que la medida evidencia la falta de planificación y proyectos en los ministerios del Estado que, como citó, toman decisiones que no les corresponde.
De su lado, el diputado José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, manifestó que la ley de Función Pública no contiene ningún artículo tendente a obligar a los empleados a presentar las facturas de sus servicios públicos, por lo que el pedimento no puede ser cumplido porque no es reglamentario.
«Vamos a pensar que son buenas intenciones, pero el ministro se excedió porque la ley establece lo que él debe exigir y lo que no», argumentó el legislador de la oposición.
Medida
En un plazo de 15 días laborales, el MAP indicó que las direcciones de recursos humanos de cada institución pública deberán recopilar la información respecto a si los empleados tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable. Si no lo tiene, deberá especificar a nombre de qué familiar está.
A través de una nota de prensa, significó que la medida, que «busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes», tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados.
Dantés dice es inconstitucional
José Dantés Díaz, ratificado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, definió como inconstitucional la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) de que los servidores públicos tengan que presentar sus contratos de agua y energía eléctrica.
El jurista y dirigente político definió la disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP) como una locura porque irrespeta la dignidad humana y presiona a los servidores públicos a buscar la manera de hacer estos reportes, ante el temor de perder sus empleos.
“Lamento mucho que se haya producido esa circular con una disposición de esta naturaleza, a todas luces inconstitucional, porque viola el derecho a la intimidad, al honor personal, que debe preservar el Estado”, sostuvo.
José Dantés Díaz explicó que la medida es inconstitucional porque violenta el Artículo 44 de la Carta Magna, sobre derecho a la intimidad y el honor personal, lo que se constituye en un “desatino mayúsculo” que estima debe cosechar el rechazo de toda la sociedad dominicana.
A su reacción a los medios de comunicación que le abordaron, José Dantés Díaz agregó que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, como la suspensión y hasta el corte del servicio brindado, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de las prestadoras.”
Mejor que se concentren en que los servicios públicos que brinda el gobierno satisfagan las necesidades del interés colectivo y respondan a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria establecidos en la la Constitución, comentó.
“Espero que recapaciten y revoquen eso. Viola la dignidad humana, irrespeta la vida privada y familiar y la no injerencia en ellas, viola el derecho al honor, buen nombre e imagen, arrastra a terceros ajenos a la institución requirente”, escribió también en su cuenta en la red social X.
PLD dice medida del MAP viola dignidad de trabajadores públicos
La reciente circular 018031 del Ministerio de Administración Pública (MAP) ha desatado una tormenta en el sector público dominicano, al exigir a más de 600,000 servidores que presenten sus facturas de servicios básicos en un plazo de 15 días. Esta medida ha sido calificada como inconstitucional y violatoria de la dignidad de los trabajadores públicos por miembros del Comité Político del PLD.
Zoraima Cuello
Zoraima Cuello, ex candidata a la vicepresidencia, ha criticado abiertamente la disposición, advirtiendo que plantea serias preguntas sobre los límites del control estatal y el respeto a la privacidad personal.
«Esta medida ignora principios fundamentales de la Ley 107-13, que protege los derechos de los ciudadanos frente a la administración», señala Cuello, enfatizando que los ciudadanos no deben presentar documentos ya en poder del Estado.
Cuello enumeró tres implicaciones devastadoras de la circular:
Carga administrativa innecesaria: Afecta a más de 614,000 servidores y supone un procesamiento monumental de documentos.
Invasión a la privacidad: Exponer detalles personales de los servidores cuestiona la integridad familiar y el derecho a la intimidad.
Retroceso tecnológico: Derroche de recursos en un sistema obsoleto, contraviniendo la necesidad de modernización.
“¿Qué mensaje enviamos al tratar a los servidores públicos con desconfianza?”, se pregunta Cuello, cuestionando la legitimidad de tales exigencias.
Amarante Baret tilda de «monstruosidad jurídica» disposición del MAP
El exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, calificó como una «monstruosidad jurídica» la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que instruye la realización de un levantamiento sobre el cumplimento de pago de los servicios de electricidad y agua.
Ante la medida, Amarante Baret instó al presidente Luis Abinader «cuidar» su segundo mandato presidencial. «Usted vio cómo se aterrorizó el país con la fallida reforma tributaria», agregó.
«No bien pasa esto y ahora esta monstruosidad jurídica del Ministerio de Administración Pública, que creará un clima de terror en los empleados públicos», sostuvo el dirigente político en su cuenta de X.
En un plazo de 15 días laborales, el MAP indicó que las direcciones de recursos humanos de cada institución pública deberán recopilar la información respecto a si los empleados tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable. Si no lo tiene, deberá especificar a nombre de qué familiar está.
A través de una nota de prensa, significó que la medida, que busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar las normativas vigentes, tiene como propósito la actualización de las bases de datos del MAP, correspondientes a estas obligaciones de pago, así como identificar posibles casos en los que estos pagos de servicio no estén siendo efectuados.
La circular, firmada por el ministro del MAP, Sigmund Freund, establece: «Es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa».
