SANTO DOMINGO.- El ministro de Administración Pública, Darío Castillo, adelantó que cada ministro y director general del Estado, debe identificar a todas las personas que cobran sin trabajar para ir eliminándolas poco a poco de la nómina públicas, porque no se puede tener gente que no agregue valor al funcionamiento de la gestión estatal.
“Ese personal hay que irlo eliminando poco a poco y sustituyendo solo los que sean prescindibles”, dijo el ministro al ser entrevistado en el programa radial Cuentas Claras, que se transmite por La Nota 95.7.
Dijo que antes eso eran nominillas aparte, pero que, en los últimos periodos de Gobierno, como una forma de disfrazarlo, han sido agregados a las nóminas de los fijos. Han recibido informes de algunos ministerios, y de los empleados fijos en la nómina el 40 por ciento no trabajaba.
Castillo señaló que se va a revisar en cuáles instituciones fueron indemnizados empleados indebidamente, para que esas personas tengan que devolver el dinero que recibieron.
Sobre la incorporación de 57 diplomáticos a la carrera administrativa en los últimos días del pasado gobierno, el ministro dijo que, aunque las autoridades tienen vigencia hasta el 16 de agosto, lo que se estila es que ese tipo de tema se lo dejen a las autoridades entrantes, por lo que esa medida será revisada.
“Nosotros vamos a esperar que el ministro de Relaciones Exteriores nos envíe la comunicación con todo el expediente para tomar la medida de lugar, lo que esté bien será validado y lo que no será corregido”, aclaró el ministro.
Hizo énfasis en que hay que eliminar las instituciones que hacen funciones duplicadas, así como otras que ya cumplieron su misión para la que fueron creadas, pero las funciones serán transferidas a otras dependencias, como es el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otras.
Reveló que hay un equipo trabajando en el proceso de reestructuración del sector eléctrico, encabezado por el ministro de Energía y Minas Antonio Almonte. El proceso se hará acorde como lo establece la ley de administración pública, dividiendo los roles para definir cuál será el órgano regulador y el que prestará servicios.
“Nosotros vamos a continuar ese proceso de reforma sectorial para que al final de este periodo gubernamental, estén racionalizados todos los sectores y todas las instituciones, porque uno de los temas que más contribuye al dispendio en la función pública, es el tema de que las estructuras orgánicas ni las funciones, no se definen de acuerdo a una evaluación, a un análisis de diseño de los procesos”, señaló.
Castillo precisó que, si se diseña el proceso de compras en un organismo público, se identifica cuáles cargos y cuáles personas intervienen, y sostuvo que en cada institución del Estado se va a realizar un levantamiento para determinar qué cantidad de empleados son requeridos en cada uno de los ministerios y direcciones gubernamentales.
