Por Rafael Méndez
Es un Eje Transversal: No hay mención explícita ni reflexión crítica sobre dos actores determinantes del sistema educativo dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Cooperativa Nacional de los Maestros (COOPNAMA).
En los documentos de política pública, especialmente aquellos que trazan el horizonte de un sector tan estratégico como la educación, lo que se omite es tan revelador como lo que se incluye.
Más que una omisión técnica, estamos ante una elisión política, que empobrece la visión integral que debería tener cualquier proyecto de transformación educativa con pretensiones de seriedad y profundidad.
La “Hoja de Ruta del Ministerio de Educación 2025–2028” se presenta con ímpetu técnico y promesas de transformación, pero al examinarla detenidamente, resalta una ausencia inquietante: no hay mención explícita ni reflexión crítica sobre dos actores determinantes del sistema educativo dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA). La omisión no es fortuita, y mucho menos neutra.
Ambas estructuras —el sindicato y la cooperativa magisterial— han jugado un papel crucial, para bien y para mal, en la vida del magisterio y en las dinámicas del sistema educativo. Excluirlas de cualquier análisis o proyección estratégica es desconocer su poder real, su capacidad de influir, condicionar o incluso bloquear procesos de reforma.
Por tanto, más que una omisión técnica, estamos ante una elisión política, que empobrece la visión integral que debería tener cualquier proyecto de transformación educativa con pretensiones de seriedad y profundidad.
Modernización sin memoria ni crítica
El discurso de modernización y eficiencia que recorre el documento oficial parece flotar por encima de la historia reciente del sistema educativo dominicano. No hay una sola línea dedicada a examinar críticamente el rol que han jugado la ADP y COOPNAMA en los últimos veinte años: ni sus responsabilidades compartidas en el deterioro institucional del sistema ni su resistencia activa o pasiva a los cambios estructurales.
Este silencio no es menor, y traiciona una falta de voluntad para confrontar con valentía los nudos de poder que obstaculizan el avance de una educación verdaderamente transformadora.
A esta omisión se suma una problemática recurrente que afecta directamente la calidad de la enseñanza: la tendencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) a recurrir de manera sistemática a la paralización de la docencia como primer recurso en sus demandas.
Esta práctica, que contraría las mejores políticas gremiales que establecen la huelga como último recurso, genera interrupciones constantes y significativas en el calendario escolar, afectando gravemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Más allá de las convocatorias nacionales de la ADP, se observa una preocupante proliferación de paralizaciones a nivel de centros y secciones, iniciadas por motivos triviales, lo que mina aún más la disciplina y el compromiso.
Doble rostro de ADP-COOPNAMA
En nombre de la defensa del magisterio, la ADP ha terminado muchas veces siendo un obstáculo para el propio magisterio. Ha negociado de espaldas a los docentes de base, ha promovido carreras sindicales por encima de la formación pedagógica, y ha convertido la lucha por derechos en un espacio de clientelismo y prebendas. En lugar de ser una fuerza democratizadora, se ha atrincherado en una lógica corporativa que desconoce el interés colectivo de la educación pública.
Por su parte, COOPNAMA, que nació como una cooperativa para dar respuesta a las necesidades de los educadores, hoy se comporta como un banco sin competencia ética ni vocación transformadora.
Lejos de promover una cultura cooperativa auténtica, ha devenido en un instrumento de reproducción de poder, con escasa transparencia y una estructura directiva que parece vitalicia. Su inercia burocrática y su gestión patrimonialista la han alejado de su misión fundacional.
Imperante necesidad de la gobernanza
Toda hoja de ruta seria debe nombrar, al menos, los actores que pueden condicionar su éxito o su fracaso. El silencio del MINERD respecto a estas dos estructuras solo puede interpretarse como complicidad o evasión.
La transformación educativa no será posible sin una crítica frontal y una estrategia clara frente a los poderes fácticos que habitan dentro del sistema. Esto implica diálogo, sí, pero también reformas internas, auditorías éticas y una democratización profunda de las estructuras sindicales y cooperativas.
La ausencia de una sólida gobernanza es el verdadero «eje ausente» en la hoja de ruta. Entendemos por gobernanza en el sistema educativo público pre-universitario a la estructura y los procesos mediante los cuales se ejerce la autoridad y se toman las decisiones, garantizando la rendición de cuentas, la transparencia, la participación de los actores clave y el cumplimiento de las normas y objetivos institucionales.
En este marco, es fundamental dotar a los directores de centros educativos de la autoridad necesaria para aplicar medidas disciplinarias efectivas, incluyendo la amonestación y, en casos de faltas reiteradas o indisciplinas graves, la facultad para iniciar procesos de cancelación.
La actual situación, donde el cumplimiento de la misión docente es a menudo mal visto por algunos y donde la autoridad directiva es insuficiente, crea un ambiente de impunidad que socava la calidad educativa.
Un régimen disciplinario claro, justo y aplicable es indispensable para restablecer el orden, garantizar el cumplimiento del horario y el currículo, y asegurar que la labor del maestro esté alineada con el interés superior del estudiante y del sistema educativo en su conjunto.
Hacia una política educativa con columna vertebral
El eje sindical-cooperativo no es un accesorio decorativo del sistema: es su columna vertebral oculta. Y si no se le incluye en el diseño de las políticas públicas, lo hará por su cuenta, desde sus propias lógicas, con sus propias reglas y sus propios intereses.
La historia reciente del país ya ha mostrado que cuando se ignora este eje, las políticas educativas terminan descarrilándose o capturadas por intereses que no representan al magisterio ni a la sociedad.
Por eso, si realmente se quiere un nuevo comienzo para la educación dominicana, el MINERD debe tener el coraje de asumir todos los frentes: los técnicos, los pedagógicos, los políticos y, fundamentalmente, el de la gobernanza y la disciplina.
No se trata solo de administrar un ministerio, sino de gobernar un sistema, con todo lo que eso implica, incluyendo la capacidad de establecer y hacer cumplir las reglas que aseguren una educación de calidad para todos los dominicanos.
