JARABACOA – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino este sábado un complejo de nueve edificaciones ilegales levantadas dentro de la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en La Guázara, Jarabacoa, como parte de las acciones de fiscalización dirigidas a detener ocupaciones e intervenciones que afectan los cuerpos de agua del país.
La actuación fue encabezada por la Dirección de Fiscalización Ambiental, acompañada por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ejército de República Dominicana y la Policía Nacional.
Durante el operativo se constató que las nueve edificaciones que conforman el complejo se encuentran dentro de la franja de protección del río. Seis estructuras están ubicadas en la parte frontal, algunas prácticamente sobre la ribera del Yaque del Norte, mientras las tres restantes se encuentran aproximadamente a 21.3 metros del río.
La intervención dio continuidad al proceso de fiscalización desarrollado por el Ministerio sobre el proyecto, respecto del cual existen actuaciones administrativas previas por construcción sin autorización ambiental dentro de la franja de protección, así como órdenes de cese y paralización.
En el lugar se presentaron los representantes legales del propietario y, como resultado de las conversaciones sostenidas durante el operativo, se levantó un acta de inspección que recoge el entendimiento alcanzado para que cinco de las edificaciones ilegales ubicadas en la parte frontal del complejo sean entregadas en decomiso al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las cinco estructuras comprenden una edificación principal de dos niveles y ocho habitaciones, proyectada para uso hotelero; una edificación anexa de dos niveles; dos gazebos laterales de dos niveles cada uno; y una estructura complementaria también de dos niveles.
La entrega en decomiso permitirá que estas infraestructuras pasen a custodia del Ministerio, que realizará las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar su condición y posible aprovechamiento en iniciativas de interés comunitario y ecoturístico.
Los términos, plazos, obligaciones de las partes y demás condiciones serán establecidos en el acuerdo definitivo que deberá ser formalizado entre los representantes legales del Ministerio y el apoderado del propietario.
Durante la jornada no se ejecutaron demoliciones. La decisión permitió evitar una intervención inmediata sobre estructuras levantadas prácticamente sobre la ribera sin contar previamente con las condiciones técnicas necesarias para garantizar que escombros, lodos, varillas u otros materiales no alcanzaran el cauce del Yaque del Norte, con los consecuentes riesgos ambientales y para las actividades recreativas y ecoturísticas que se desarrollan en el río.
El entendimiento alcanzado establece además que no podrán realizarse nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones en el complejo mientras se completa el proceso de formalización.
El Ministerio precisó que la solución acordada no constituye una autorización ambiental ni regulariza las edificaciones ilegales existentes dentro de la franja de protección.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, reiteró que la institución mantendrá una política firme frente a las acciones que afecten el patrimonio natural del país.
“Nuestra posición es clara: tolerancia cero frente a todo ilícito ambiental que atente contra nuestra naturaleza. No importa dónde ocurra ni quién lo cometa. Nuestra responsabilidad es proteger nuestros ríos, bosques, áreas protegidas y recursos naturales, hacer cumplir la ley y actuar cuando estos sean amenazados”, afirmó Henríquez.
El expediente administrativo registra inspecciones y actuaciones previas de Fiscalización Ambiental, incluyendo órdenes de cese y paralización y una sanción administrativa de RD$138,600, cuyo pago no constituía autorización para continuar las obras ni subsanaba las infracciones ambientales identificadas.
Medio Ambiente reiteró que la franja de 30 metros de protección alrededor de los ríos cumple una función esencial para preservar las riberas, proteger los ecosistemas asociados a los cuerpos de agua y reducir los riesgos derivados de ocupaciones incompatibles con la dinámica natural de los cauces.
La institución dará seguimiento al proceso hasta la formalización del acuerdo definitivo, la entrega en decomiso de las cinco infraestructuras
