Por Juan Manuel Morel Perez
República Dominicana, en el 2010, asumió una nueva configuración constitucional que nos elevó de ser Estado de derecho a un Estado Constitucional, dentro del cual se ha impulsado el reconocimiento de una amalgama de Derechos Humamos que al ser asumidos por la carta magna se consagran como Derechos Fundamentales, desde ese entonces el Estado dominicano, tiene una gran deuda: La adecuación de su esquema normativo en relación a los Derechos Fundamentales y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Los Derechos humanos, cuentan con tres sistemas para su protección: el jurisdiccional, que refiere la tutela judicial, control de la constitucionalidad y los medios que ofrece el derecho procesal constitucional (Acción de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data,, etc.), las garantías institucionales: Defensor del pueblos y los diferentes organismos especializados (Proconsumidor, Prousuario, Conadis, etc.) y las garantías normativas, que son el conjuntos de disposiciones constitucionales, leyes y demás actos que ofrecen la protección de los Derechos Humanos, a ese conjunto se les denomina Legislación Nacional de Derechos Humanos.
Como es sabido por muchos los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Convenciones en materia de DD.HH.) en nuestro país tienen jerarquía constitucional, o sea que están en igual nivel que la norma suprema, es por eso que una vez se adopta y ratifica en el congreso y pasa por el tamiz del control preventivo de los tratados por parte del Tribunal Constitucional, un convenio en esa materia requiere ser positivizado a través de la aprobación y promulgación de una ley que lo haga efectivo y ejercitable en el país, por eso es que la convención Belem do para, hizo que se legislara contra la violencia intrafamiliar, los convenios en materia Ambiental, produjo la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, convención iberoamericana. de derechos de los jóvenes, produce la ley nacional de la juventud y la creación de su ministerio, es por eso que para dolor de pocos el ministerio de la juventud no puede desaparecer ni fusionarse con otro porque es el resultado de un compromiso internacional y constitucional del Estado. entre otras.
Visto todo esto queremos referirnos los instrumentos con lo que cuenta Republica Dominicana, para ejercitar los principales Derechos Humanos. Por lo que iniciaremos con la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el pacto San José y la Constitución de la Republica, en el catalogo de derechos fundamentales y de instrumentos de protección, citados anteriormente.
Como leyes de protección sectorial, podemos citar la 137-11, que rige los procedimientos del Derecho Procesal Constitucional, fundamentalmente la Acción de amparo, la cual denomino el `principal instrumento jurisdiccional de exigibilidad de derechos Humanos; La Convención americana de personas con discapacidad produjo la Ley 5-13, la cual en el ámbito nacional protege las personas con capacidades distintas y crea los medios de accesibilidad e inclusión social, de nosotros las personas que vivimos con un tipo de discapacidad; en esa misma dirección va la ley 352-98, que aunque es preconstitucional, protege las personas de la tercera edad, así mismo contamos con las leyes 64-00, 24-97, 136-03, 358-05, 42-01, que tutelas los derechos al medio ambiente, contra la violencia intrafamiliar la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, derechos al consumidor y derecho a la salud, respectivamente, todas estas leyes se validan aún más a través de la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, en palabras llanas la ley que rige los compromisos del Estado con el pueblo y los deberes del pueblo con el Estado.
No contaríamos con espacio para poder hacer un desglose de el esquema normativo en materia de derechos Humanos, porque el marco legal nuestro es supra abundante en esta materia, pero no importara cuan grande sea nuestra legislación nacional de Derechos Humanos, si no ejercitamos la misma y por la vía institucional buscamos los medios de como hacerlos exigible.
Sobre Juan Manuel Pérez
Abogado, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Magister en Seguridad y Defensa Nacional; Derecho Civil Contemporáneo, doctorando en derecho Administrativo Iberoamericano, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa RD